Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que la indagación por seis terrenos, por $10 mil millones, está en curso. En tanto, Intendenta Lucía Pinto, defendió que el trato directo era la medida más efectiva y rápida para avanzar en el proyecto, actuando apegada a la legalidad.
La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó la solicitud que hizo el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quién encargo a la Unidad Anticorrupción porteña los presuntos hechos punitivos (presunto fraude al fisco) en marco de la adquisición de un inmueble que hizo el Gobierno Regional de Coquimbo para destinarlos a un centro deportivo.
Esto luego que la Contraloría General de la República rechazara en cuatro oportunidades el con-trato de compra —vía trato directo— de un terreno para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019.
Según un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la Contraloría determinó que el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo. El organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato, $9.800.000.000, correspondiera a su justo valor, ya que el GORE de Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.
De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato.
Por otra parte, se advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, $8.215.104.000 para este año, no son suficientes para solventar el valor del contrato. Además, la Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional y pagó a la Inmobiliaria Guayacán SpA y otros, 9.800.000.000 sin que la Contraloría haya visado la legalidad del contrato de compra mediante el trámite de toma de razón, que sería inevitablemente obligatorio para todas las adquisiciones de más de 2.500 UTM.
“El prescindir del control jurídico de la Contraloría implica una infracción al principio de irretroactividad y una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Por lo anterior, la Contraloría instruyó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso”, señaló el ente contralor a Semanario Tiempo, tras solicitar antecedentes y pedir una entrevista formal al Contralor Regional Hugo Segovia, a través de la Unidad de Comunicaciones de Contraloría en Santiago para conocer mayo-res detalles del escandaloso hecho.
Según Perivancich, “se habrían infringido una serie de reglamentaciones que son observadas por la Contraloría, a propósito del trámite de toma de razón”. “Ello tiene que ver con la forma de contratación que se hace a través de un trato directo con los montos involucrados, en relación a las tasaciones que existían respecto de esos inmuebles y de la forma, en definitiva, en cómo se materializó la compraventa, la inscripción y el pago de estas cantidades”, sostuvo.
Y agregó: “la indagación está en curso. Se ha trabajado a través de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso y ya se han decretado diligencias que, por supuesto, esperando la eficacia de las mismas, no pueden ser dadas a conocer”.
Durante la tarde de ayer, conocedores del caso confirmaron que la Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, realizó un viaje a La Moneda para dar cuenta de la información que publicó el medio nacional. Junto a ello, públicamente los hechos se vinculan también con la renuncia de funcionarios públicos que ocupaban cargos de jefatura en las Divisiones del Gobierno Regional.
Respuesta Intendenta
En dos oportunidades la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional despachó, durante la tarde de ayer, reacciones de la Intendenta Lucía Pinto tras conocerse el reportaje de “La Radio”.
En un comunicado, desde el Gobierno Regional informó que, como ha sido durante todo el proceso, el trámite se ha hecho ajustado a la legalidad. En esta línea, la Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, señaló que “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.
Y es que la construcción de un nuevo hospital para La Serena implicaba el uso de un terreno 10 veces más grande que el actual. A principios del 2019 se materializó un acuerdo por el cual el te-rreno que era ocupado por la Cámara Chilena de la Construcción.
“Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el luego sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también es-tuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte”, indicó la Intendenta Pinto.
Así, la máxima autoridad regional enfatizó que “hemos aportado todos los antecedentes concretos y resoluciones apegados al derecho. Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”.
Adicionalmente, señaló que “este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso, sustentado, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”.
