Proyecto redactado por el gobierno, actualmente en debate en la Cámara de Diputados, pone en alerta a los trabajadores del sector, debido a la reducción en las operaciones de pesca. Son cerca de dos mil las personas que laboran en este rubro en la región de Coquimbo.
Manuel Díaz, presidente del Sindicato de Oficiales y Tripulantes Crustaceros de la Región de Coquimbo.
La radical disminución de los actuales permisos para la pesca industrial, dispuesta en el proyecto de ley para una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, actualmente en debate en la Cámara de Diputados, amenaza la estabilidad laboral de las cerca de dos mil personas que, en la región de Coquimbo, trabajan en el ámbito de la captura de crustáceos demersales (camarón nailon, langostino colorado y langostino amarillo).
En efecto, la propuesta legislativa dispone un aumento drástico en la proporción de asignaciones a través de subastas públicas, pasando desde un máximo de 15% por pesquería, como ocurre bajo la normativa actual, a un 50% del total de la fracción industrial. Lo anterior no sólo implica desconocer los derechos históricos adquiridos por los actores pesqueros ya constituidos, sino que beneficia a las empresas más grandes y con mayor poder financiero, en desmedro de las medianas y pequeñas. Este último, precisamente, es el caso de la flota local dedicada a la captura de crustáceos demersales, constituida íntegramente por pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir contra los grandes conglomerados pesqueros nacionales e internacionales.
Este escenario inquieta a las agrupaciones de trabajadores del sector, tales como el Sindicato de Oficiales y Tripulantes Crustaceros de la Región de Coquimbo, cuyo presidente, Manuel Díaz, explica sus temores: “Las cuotas de captura que nos dan todos los años las van a disminuir; lamentablemente, nos van a perjudicar a nosotros. Por lo menos acá, en la zona, son unas dos mil personas las que trabajan en el camarón y langostino: gente tripulante, de plantas y todo lo que involucra los muelles pesqueros. Estamos preocupados por esta situación”.
El dirigente precisa que la flota industrial crustacera de Coquimbo se compone de nueve embarcaciones. La pérdida de derechos de pesca para los armadores actuales implicaría que solamente podría salir al mar durante seis o siete meses al año, quedando parada el resto del tiempo. Como consecuencia, todo el resto de la cadena de producción, incluyendo los servicios de muelles, carga y descarga, plantas de proceso, transporte, entre otros, también se vería impactado. “Como nos darían menos cuota estaríamos terminando el período en unos seis a siete meses. Ojalá que no sea así, pero nos vamos a defender. Lamentablemente, la gente que toma estas decisiones en el gobierno no tiene idea de lo que es la pesca, cómo se captura, toma la decisión entre cuatro paredes. Dicen ellos que la pesca de arrastre es muy dañina, pero ya no es así; seguramente hace 20 años pudo ser, pero ahora se cuida bastante el recurso”, expresa.
Según Díaz, el sindicato se ha comunicado formalmente con miembros del Senado, aunque sin recibir respuesta hasta la fecha. Cabe indicar que el proyecto de ley en cuestión fue ingresado por el gobierno el pasado 2 de enero, hallándose en primer trámite constitucional.
