En la última sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, municipio de La Serena se desmarcó de la compra del terreno y ex asesora negó vínculos entre José Cáceres y las empresas inmobiliarias.
Precios que superaron en “techo máximo” establecidos por el Servicio de Impuestos Internos y la tasación que realizó Bienes Nacionales, el desmarque de la municipalidad de La Serena por la compra de terreno y la negación de Sara Contreras, ex asesora del Gobierno Regional y actual Seremi de Justicia con vínculos a José Cáceres y las empresas inmobiliarias han sido objeto de análisis de las últimas dos sesiones de la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados, que busca elaborar un informe con las presuntas irregularidades en la compra de los terrenos que dieron origen al bullado caso “Papaya Gate”.
Actualmente, existe una investigación en curso en la ciudad de Valparaíso, a través de las diligencias que encabeza la Fiscal Regional, Claudia Perivancich, luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designara a la persecutora para indagar un eventual fraude al fisco por la compra que hizo el Gobierno Regional de Coquimbo –liderado ese entonces por la ex Intendenta Lucía Pinto– de una serie de lotes en el sector de San Ramón por $9.800 millones para un proyecto deportivo, pese a que la Contraloría General de la República objetara el proceso en cuatro oportunidades, y advirtiera que el trámite fue realizado sin la “Toma de Razón”.
Paralelamente, en la sesión del lunes 26 de abril, volvieron a citar a la seremi de Bienes Nacionales, Giannina González, y al seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Telias. En la oportunidad, González aclaró que si bien a la cartera se le piden tasaciones cuando el inmueble ingresa a la propiedad fiscal y/o en el caso que algún servicio quiera enajenar algún inmueble, “de manera voluntaria podríamos asumir una tasación, pero siempre por un tema voluntario”. En ese sentido, dicha secretaría ministerial además evacuó un informe solicitado por el Gobierno Regional para realizar una estimación comercial de los predios. Ello consideró los terrenos emplazados en La Serena que se ubican entre las calles de Avenida Cuatro Esquinas, Faldeos de Cerro Grande y las avenidas Alberto Arenas y Las Higueras.
Techo máximo
Y es que los valores implicados consideraron variables como las regulaciones del instrumento, factibilidad de servicios, su nivel de urbanización, la consolidación de su emplazamiento entre otras. Con todo, los parámetros, advierte el documento, se ajustaron también a la valorización realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) al primer semestre en 2020, identificando tres zonas homogéneas con valores de 4,65 UF el metro cuadrado (m2); 5,42 UF el m2 y 5,6 UF el m2.
Contraloría ya había advertido que el precio pagado corresponde casi exactamente al presentado por las empresas inmobiliarias en su carta de intención de venta de enero del 2019. Definitivamente valor llegó a 5,8 UF el M2. Cabe recordar que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sostuvo en la misma instancia que “el Gobierno Regional estaba pagando $ 620 millones de más, tomando la peor tasación”. “Estamos hablando de casi un millón de dólares más que se pagó por ese terreno y no creo que haya instalaciones deportivas que valgan tanto. Es una cantidad inaudita para este tipo de proyectos”, agregó.
Se desmarcan de involucrados
Este lunes 03 de mayo, Sergio Rojas, Secplan del municipio, hizo una presentación respecto al proceso de compra de terrenos, que se presentan en los distintos proyectos que se financian de parte del gobierno regional. Dentro de la tanda de pregunta, Rojas afirma que el municipio no tiene ningún rol en la compra de los terrenos, “dentro del trabajo que se realizó con la Dirección de Planificación (Dirplan), el Gobierno Regional en su momento fue quien gestionó la tasaciones y las entregó al municipio para el desarrollo del proyecto”.
“Desconozco quien específicamente hizo el pago de esos servicios”, dijo respecto a la duda que aún mantiene Contraloría respecto a qué organismo encargó las tasaciones. En cuanto a reuniones con José Cáceres, ex administrador regional, señala que tuvieron dos o tres, “pero eran reuniones de coordinación, no era específicas y habían otros profesionales… no era para este proyecto en particular sino que la cartera completa” explica.
La otra de las invitadas, Sara Contreras, quien fuera jefa de Gabinete de la ex intendenta Lucía Pinto y actual seremi de Justicia, explicó el rol de su primer cargo, en donde tenía que coordinar equipos, ver agenda, recibir y gestionar invitaciones, entre otras funciones.
Consultada por la compra de los terrenos, comenta que “no tuve conocimiento y no era algo que correspondía como jefa de Gabinete”. Respecto a los antecedentes entre el vínculo entre José Cáceres y Manuel Daire Daud, comenta que lo desconocía, y por la situación de Raúl Pelen, explica que estaba contratado a honorarios por el GORE y se relacionaba con el departamento jurídico.
Además, aclara que “no he declarado al Ministerio Público, no se me ha solicitado”.
