Adquisición de los suelos servirán para el proyecto de ampliación de la avenida Cuatro Esquinas y es liderada por una Comisión de Peritos conformada por reconocidos tasadores de la plaza, los que estimaron que el valor no supera los 3 UF/m2, lejos de los 5,8 UF/m2 que involucró el contrato objetado, en cuatro oportunidades, por la Contraloría General de la República y que está en la mira de la Fiscalía de Valparaíso y con querellas por presunto fraude al fisco por el Consejo de Defensa del Estado.
Existen pocas certezas del avance de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Val-paraíso en torno al polémico caso del Papaya Gate, sin embargo, tanto la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, además de los críticos a la cuestionada transacción por los valores de los predios adquiridos bajo la administración de la ex Intendenta, Lucía Pinto, coinciden en el excesivo costo que incurrió el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo para comprar los terrenos.
El escándalo estalló a fines de septiembre del 2020, cuando el ente contralor, dirigido por Jorge Bermúdez, alertó al ex fiscal Nacional, Jorge Abbott, que el Gobierno Regional decidió firmar un contrato de compraventa por 9.800 millones de pesos para la construcción de un centro deportivo, en el sector de San Ramón de La Serena, pese a que la transacción fue objetada en cuatro oportunidades, puesto que no se apegaban a la legalidad y al trámite obligatorio de la “toma de razón” de Contraloría.
Abbott designó a la fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para investigar los presuntos ilícitos de fraude al fisco. Ello, también incluyó una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y recientemente el Servicio de Impuestos Internos arremetió también con otra acción legal radicada contra los ex dueños de los inmuebles.
Valores a precio de “mercado”
El proceso para la compra que está en la mira de la Fiscalía con el estallido del Papaya Gate comenzó en enero de 2019, cuando el GORE recibió una “carta de intención”, en la que un grupo de sociedades inmobiliarias manifestaba su intención de vender seis lotes por $9.819 millones. Estos correspondían a 61.874 metros cuadrados (m2), a un precio de 5,8 UF (Unidades de Fomento) por metro cuadrado (UF/m2). Incluso, de acuerdo a los antecedentes de Contraloría, el mismo Gobierno Regional solicitó dos informes de tasación independientes para definir cuánto valían los terrenos. El primero entregó $4.000 millones como precio, mientras que el segundo poco más de $3.972 millones.
Recientemente, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Coquimbo informó del proceso de expropiación de una serie de terrenos para la construcción y ampliación de la avenida Cuatro Esquinas, proyecto va desde el sector de la avenida del Mar hasta el sector de San Ramón, éste último mediante la ampliación de la calle Los Arrayanes.
Su inversión contempla los $40 mil millones y considera expropiaciones en algunos puntos para transformar la arteria en cuatro pistas, cuyo propósito es brindar de una solución a los problemas de congestión y de conectividad existentes en el sector oriente de La Serena, incluyendo, por cierto, el acceso al futuro hospital de La Serena.
Para ello, el Serviu publicó una serie de Extractos Legales donde informa que mediante las Resoluciones Nº 1391 y 1392, con fecha del 25 de julio del año en curso, ordenó enajenar -por motivos de utilidad pública- los lotes 38 y 39, cuyo dominio recae en el Gobierno Regional de Coquimbo. Sobre el primero, de superficie de 2.216,64 m2, se cancelará unos $228 millones, a un valor de 2,8 UF/m2. En tanto, el segundo, posee una superficie de 2.086,3 m2, lo que implica una indemnización de casi 230 millones de pesos, dando unas 3 UF el metro cuadrado. Ello, es menos de la mitad del costo de la polémica transacción que llevó al escándalo.
El proceso está siendo llevado por una Comisión de Peritos conformada por los profesionales Miguel Rubio, Jaime Jurgens y Eduardo Tabilo, reconocidos tasadores en la plaza (ver tabla).
Proceso
Cabe recordar que el CDE, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso querella criminal por el delito de fraude al Fisco contra tres ex directivos del Gobierno Regional de Coquimbo, y un particular, por su responsabilidad en la adquisición irregular de los terrenos. Dicha acción va contra la ex Intendenta Pinto; el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza, y el jefe de la División de Planificación y, luego, administrador regional, José Cáceres, quienes, presuntamente, incumplieron dolosamente los deberes de sus cargos, y habrían realizado múltiples gestiones para concretar la adquisición, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.
“Los querellados, a sabiendas que existían tasaciones de los inmuebles por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieran insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia el dolo en su actuar”, indica la querella.
En agosto del 2022, la Contraloría ordenó formuló una dura sanción contra Pinto tras “haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa”, y recomendó ser destituida, a pesar haber dejado el cargo poco después que se supo del presunto fraude al fisco. Por otro lado, Cáceres y Espinoza fueron sancionados con la misma medida disciplinaria.
En mayo de este año, el SII, a través de su Dirección Regional, interpuso una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de las inmobiliarias Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., In-mobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobi-liaria Cerro Grande S.P.A. y todos quienes resulten responsables.
Las empresas, de acuerdo al servicio, vendieron seis bienes raíces por más de $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron, en 2014.
