Al contrario, las diputadas Tello y Castillo, y los diputados Cifuentes, Pino y Manouchehri ratificaron la implementación de la compensación, que aplicará tres fondos especiales, y tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional e implicará una carga tributaria máxima de 46,5% para aquellas faenas sobre 80 mil toneladas. Gremio calificó como el fin de cinco años de incertidumbre.
Luego de casi cinco años de tramitación y en una acalorada sesión, con dimes y diretes en sala, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones la creación de un royalty a la gran minería, iniciativa que recaudará recursos equivalentes al 0,45% del PIB, unos US$ 1.350 millones. Se estima que los fondos que logrará captar la región de Coquimbo por este nuevo gravamen a la industria, ascenderán a los $29.700 millones (US$37,4 millones).
La norma -que quedó lista para convertirse en Ley, luego de la firma que realice el presidente Gabriel Boric- aplicará tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional e implicará una carga tributaria máxima de 46,5% para aquellas faenas sobre 80.000 toneladas y un 45,5% para operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas, así como un componente Ad Valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre.
El proyecto de royalty a la gran minería fue ingresado en septiembre de 2018 por diputados del actual oficialismo. Desde 2021, el texto permanecía en el Senado, que lo despachó recién el miércoles pasado, gracias a varias modificaciones y a un acuerdo con el Ejecutivo que apunta a dar mayores certezas, y lograr un equilibrio entre mayor recaudación y beneficios para las regiones, sin desincentivar la inversión minera.
Además, se crearán tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, y Fondo Regional de Producción y Desarrollo) durante 10 años.
“Este es un proyecto procrecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo, y en reducir la inseguridad en Chile”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Con la aprobación del proyecto se pone fin a un periodo de casi cinco años de incertidumbre, que ha afectado las inversiones en la industria minera”, dijo Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). “Éramos escépticos en cuanto a que en la Cámara Baja pudieran atenderse nuestras argumentaciones técnicas, incluso temíamos que pudiese empeorar lo que salió del Senado”, agregó.
La ministra de Minería, Marcela Hernando, indicó que “uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera, es la certeza jurídica. Existen en la actualidad, USS 73.600 millones en 53 proyectos mineros, cuya inversión está avanzada en un 60%. Esa inversión tiene más posibilidades de concretarse al 2031 ahora que contamos con un royalty.
Votación local
Los diputados y diputadas de la región de Coquimbo se inclinaron en aprobar la medida. En esa esfera, solo las votaciones de los UDI Marco Antonio Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida rechazaron la propuesta. Sulantay esgrimió que, si bien “pocos conceptos concitan una aceptación tan alta como que la minería es el sueldo de Chile, tampoco nadie tiene dudas de la convicción que las riquezas que genera su explotación deben ser utilizadas en el desarrollo equitativo y justo del país”.
“Quiero señalar que no es aceptable que mediante esta nueva carga tributaria impuesta ponga en peligro la competitividad de esta noble actividad productiva en los mercados del cobre. Hay otras situaciones que, incluso, son más preocupantes que esta eventual pérdida de competitividad, como, por ejemplo, la inaceptable distribución de recursos como se propone. La realidad habla por sí sola. Jamás voy a entender por qué se pretende que Andacollo, que tiene cerros de relaves a pocos metros de su plaza principal, reciba menos recursos que otros lugares del país que no pagan ningún costo medioambiental”, destacó.
“Me opongo a que las comunas de Salamanca, Los Vilos, Illapel, La Higuera, Punitaqui y el propio Andacollo reciban recursos, que, si bien son importantes, no hacen la justicia necesaria respecto de los sacrificios que hacen sus habitantes a diario”, añadió.
En la vereda contraria, Daniel Manouchehri, Víctor Pino, Carolina Tello, Nathalie Castillo y Ricardo Cifuentes ratificaron la implementación del gravamen. Si bien Pino valoró la aprobación dijo que aún faltaría por mejorar el tema de cómo se repartirán los recursos en cada una de las regiones. “Este royalty a muchos los dejó feliz, a muchos cantando el himno nacional en la sala, pero este no es triunfo de un sector, sino que de todos los chilenos. Ahora la distribución es el gran detalle a mejorar (…) estamos disponibles para eso, para fiscalizar que las comunas más pobres de Chile puedan tener más recursos de los que están disponiendo”, mencionó.
La diputada Tello manifestó que el impuesto “era una medida muy necesaria, era una deuda con las distintas regiones, ya que este impuesto permitirá recaudar una cantidad importante de millones que serán distribuidos de manera equitativa en Chile”.
El diputado Daniel Manouchehri, consideró “el royalty va a significar cientos y miles de millones de pesos, que se estaban yendo fuera de Chile o al bolsillo de unos pocos, van a ir directamente a las comunas y a las regiones”. “Este royalty se va a traducir en plazas, en hospitales, en viviendas, en seguridad para la gente”, sentenció.
