Estimación fue elaborada por la consultora GPS, mientras el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, indica que “se están secando inversiones entre 80 a 100 mil dólares”. Cultivos más perjudicados son aquellos destinados a la viticultura, hortalizas y fruticultura. Fedefruta pide acelerar ayudas estatales.
“Estoy viendo con mucha pena que nuestra vida se está acabando en Monte Patria porque vivimos del mundo agrícola. Representamos el 80% del movimiento social de esta comuna. Los que trabajamos en las empresas medianas y grandes somos los que generamos empleo, con lo que vivimos, educamos y alimentamos a nuestra familias”.
Esa es la primera impresión al conversar con Williams Araya, habitante de esa comuna de la provincia del Limarí y un trabajador agrícola. Ello, pues las graves consecuencias que ha generado 14 años de escasez hídrica están golpeando con fuerza transversalmente a los territorios y sectores productivos de la región de Coquimbo, pero especialmente en su comuna de residencia y al rubro agrícola.
De acuerdo a las estimaciones de la Consultora GPS, el deterioro económico para la región de Coquimbo a causa de la sequía llega a los US$170 millones, cifras que coinciden con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio que considera que literalmente se están “secando” varias inversiones que oscilan entre los 80 y 100 mil dólares.
“Hemos visto que se está perdiendo una superficie muy importante cultivable y cómo inversiones en fruticultura, entre los 80 y 100 mil dólares se están secando”, indica Antonio Walker, presidente de la SNA. De las 45 mil hectáreas destinadas a la producción agrícola, el cultuvo más afectado por la crisis hídrica ha sido la viticultura con una caída del 45%, seguido por las hortalizas, con un 30% y la fruticultura, con un 20% de daño.
Mientras, Araya grafica que los productores están dejando secar los campos y que las personas que trabajan de la agricultura tienen que seguir viviendo y alimentar a sus hijos. “¿Quién se hace cargo de las familias?”, cuestiona. Ante ello, pide que se establezcan mecanismos para flexibilizar los pagos, como créditos blandos, condonaciones, y otras ayudas, en base a las experiencias pasadas. “Hacer un pozo instalado de 100 metros para los empresarios, con bombas y energía, cuesta entre $100 a $200 millones, y eso se incrementa con las regulaciones estatales”, menciona.
Mirtha Gallardo, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí, critica que incluso la distribución de agua por camiones aljibes no coincide con el estándar que exige la Organización Mundial de la Salud. “Hoy se siguen repartiendo los 50 litros de agua, al día, a cada persona de las localidades rurales, cuando se establece que tiene que ser el doble. Tenemos que definir si las autoridades quieren habitantes vivan en la ruralidad”, indica.
Camilo Escorza, del sector Los Morales de Monte Patria, plantea que aún no se sigue dimensionando la gravedad del problema, pues “hay animales que se están muriendo de sed”.
Francisco Munizaga, presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Pisco Chile, sostiene que la industria, dependiendo de la gravedad del sector territorial donde se encuentre, ha sufrido del orden del 30% de baja en la producción de vides pisqueras. “Las soluciones para una problemática como esta, que tiene que ver con el cambio climático, no son triviales. Nosotros, presentamos una lista que son las relevantes que nosotros creemos que se deben abordar son a mediano y largo plazo”, acota.
Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, coincide en que se debe tener apoyo estatal para sacar adelante estos proyectos de desaladoras multipropósito en la zona. “Tiene que haber un Estado súper activo en apoyar el financiamiento de estas plantas. Necesitamos de un Estado activo, y no pasivo y ausente en este problema”, sentencia.
