Una de las mayores transformaciones administrativas de los últimos tiempos es la democratización de las autoridades regionales y la transferencia de facultades hasta ahora centralizadas en Santiago. Es cierto que la inversión pública en infraestructura por habitante gravita más en regiones que en la capital; sin embargo, también es cierto que la selección de proyectos, la priorización y la complementariedad entre ellos, que se llevan cabo en regiones tienen un sesgo centralista que muchas veces incomoda.
Con la elección de gobernadores ha comenzado una transferencia, aun tímida, de facultades a las regiones. Se espera que una vez que se renueven los consejos regionales, en noviembre próximo, se avanzará con mayor profundidad en este proceso.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura creemos que es fundamental radicar en los gobiernos regionales las responsabilidades del desarrollo de los territorios a su cargo. Es allí donde se tiene la proximidad con las comunas y sus autoridades locales, una mayor cercanía con los actores sociales que interactúan en el territorio y una percepción más directa de los agentes productivos que contribuyen al producto regional, al empleo y a la innovación.
En ese sentido, en la Región de Coquimbo, una de las nuevas responsabilidades que deberán asumir estas nuevas autoridades es hacerse cargo del agua. La convivencia de actividades económicas y sociales, muchas de ellas demandantes de grandes cantidades de recursos hídricos, con la vida en las ciudades que se proyectan como prestadoras de servicios de gran valor agregado -como son la habitabilidad, el turismo y la educación-, requieren contar con abastecimiento seguro de este elemento. No basta para ello que “el mercado” decida; debe ser desde el gobierno regional que se definan políticas, con el apoyo del sector privado, para evitar los riesgos de desabastecimiento y asegurar agua de calidad a las comunas.
El mejoramiento y extensión de la red, el tratamiento de aguas servidas y su reutilización, el mejor aprovechamiento técnico de las aguas disponibles y el aumento de la oferta de recursos hídricos es algo que debiera constituir una opción extremadamente urgente de la política de infraestructrua regional.
Tampoco podemos olvidar la habilitación de terrenos para resolver el problema de los campamentos y de la población sin acceso a la vivienda en la región.
La factibilidad de manejar estas urgencias desde la misma región resignifica a los Gobiernos Regionales, los cuales deben trabajar junto al Gobierno Central para asumir con la responsabilidad que corresponde la formulación de una política regional de infraestructura y llevar a cabo las acciones que permitan su materialización.
Director ejecutivo, Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
