El encargado del tranque de riego más grande del país asegura que en medio de los cambios constitucionales, el Estado debe facilitar todas las herramientas para que la inversión privada logre desalinizar agua, sin ceder la propiedad, resguardando la conjunción de los distintos intereses, ya sean ambientales, sociales y productivos.
En medio de los cambios constitucionales por la elaboración de una nueva Carta Magna, donde se prevén alternaciones al modelo de propiedad de agua, el administrador del embalse La Paloma, el más grande destinado a riego del país, Raúl Díaz, prevé cómo será el devenir de la administración de los derechos del recurso, en medio de una dura sequía afecta a la región de Coquimbo.
Las respuestas apuntan a establecer una clasificación de las necesidades por cada cuenca, a la desalación por sobre otras grandes obras de riego y una instauración en las autoridades e instituciones de una visión a largo plazo.
“Se ha dado cuenta que la construcción de los embalses ya no es suficiente o no es la medida necesaria para resolver el problema del déficit hídrico. Entonces, la desalinización es esencial porque es la que permite mayores tasas de metros cúbicos por segundo”, introduce.
¿Cómo es eso de tener una estrategia al 2050?
“Hay ideas y experiencias que hicieron otras regiones, con similares características que la nuestra, con especie de clasificación de necesidades por cuenca. En el caso nuestro, es tener una visión de cuenca puesta al futuro, casi como biografía porque ojalá pudiéramos llegar a los ciclos de precipitación que teníamos en los años 80”.
En ese sentido, ¿el aprovechamiento de la desalación resulta vital?
“La única manera (de mitigar la sequía) es pensar en otras aguas, no en aquellas que existen hoy. Hemos apostado muchos años a la eficiencia. En los años 90, con el boom frutícola, se llegó a la eficiencia hídrica con el riego tecnificado, eso fue una tremenda ayuda, incluso con el aumento de la superficie cultivada”.
¿Por qué no profundizar las actuales herramientas?
“Con el riego tecnificado se permitía mejor productividad con menos agua. Se aprendió el 2014, que con el mismo déficit se podían obtener mejores resultados. Se revistieron canales, llegó la geomembrana, todo eso fue eficiencia. Pero, se siguen haciendo esas cosas y con el ritmo de los recursos, nunca vamos a terminar de revertir lo necesario”.
¿Cómo queda la desalación en medio de los cambios constitucionales?
“Hay que pensar en esas aguas no continentales o aquellas que no son sujeto de derecho. Lo veo, porque estamos en medio de una Constitución en curso, donde debe primar, en primer lugar, el interés público. Bajo ese enfoque, puede haber muchas aristas, como ambientales, sociales y otros elementos productivos, toda esa conjunción de intereses, tiene que permitirse verse satisfecha”. “Si ese interés público, que son todos los habitantes de una cuenca, primero está la desalación. En la medida que nosotros aumentamos en escala y producción, también vamos a tener una reducción en escala de los precios. Hoy se trata de incentivar que los privados, que tienen mayores factores de producción, por ejemplo, la minería, algunas sanitarias, desalinicen para resolver sus problemas, como si fuesen problemas de aquellos, no de todos”.
¿Eso supondría alteraciones en la propiedad del agua?
“Es difícil cambiar lo que hoy está constituido por derecho, eso ya tiene una historia o derecho consuetudinario. Es difícil trabajar sobre eso, pero si sabemos que hay otras aguas”.
¿Cómo debería darse la relación público-privado para estos casos?
“A mí parecer deberíamos apuntar a que el Estado se encargue de fortalecer o de facilitar todos los procesos necesarios para que ocurra la desalinización, para que las empresas puedan venir e invertir, y otorgar ese servicio. Pero las aguas que surjan de ahí, deben ser de interés público, y no deben estar sujetas a derecho como hoy, sino seguimos con la misma historia de los derechos de aprovechamiento”.
