La controversia es entre la Comunidad Huasco Altinos y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por supuesto vertimiento de agua desde un túnel de exploración, hasta un sector de vegas, y por sondajes mineralógicos y geotécnicos que habrían sido realizados de forma diferenciada a la guía preparada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Además, se acusa fraccionamiento del proyecto, lo que fue descartado tanto por el organismo fiscalizador, como por la empresa.
La controversia es entre la Comunidad Huasco Altinos y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pero afecta directamente a una de las iniciativas mineras más relevantes que desean instalarse al sur de la región de Atacama. Se trata de NuevaUnión, quien esta semana tuvo una jornada de alegatos en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), en una causa relacionada con el archivo de denuncias que realizó en su momento la SMA, efectuadas en contra del proyecto.
Y la historia es así. El abogado de la Comunidad Huasco Altinos, Ignacio Montecinos, asegura que hubo una fiscalización insuficiente de la Superintendencia, luego que el organismo fiscalizador no efectuara una investigación por supuesto vertimiento de agua desde un túnel de exploración, hasta unas vegas del sector, y por sondajes mineralógicos y geotécnicos que habrían sido realizados de forma diferenciada a la guía preparada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). “Advertimos una falta porque la SMA no se constituyó en el lugar, ni hizo un análisis mineralógico o físico químico”, sostiene.
En ese último argumento, la litigante de los habitantes de la cuenca del Río Huasco, Alejandra Donoso, comenta que la SMA de manera arbitraria resolvió en base a una distinción propuesta por la empresa, la que no se encuentra en el ordenamiento jurídico: “la distinción dice relación con lo que le sirve a quien realiza el sondaje, pero no dice relación con los impactos que genera esta actividad, y esa no es la lógica del principio preventivo”, expresa Donoso, quien precisa que hubo un cambio de criterio del organismo fiscalizador, pues esa diferencia “sirve para contabilizar menor cantidad de sondajes para no llegar al umbral establecido por nuestro ordenamiento jurídico”, cuestionó.
Donoso acota que se trata de un mega proyecto minero que abarca toda la cuenca del Río Huasco y apunta a un fraccionamiento de la iniciativa y del impacto sinérgico que generaría por la suma de actividades en un mismo territorio. Esto porque esta iniciativa contempla la explotación de los yacimientos Relincho y La Fortuna, ubicados en la provincia del Huasco, en la región de Atacama. “Entendemos que NuevaUnión pueda querer disminuir el costo de su proyecto, pero lo que debería importarle a la SMA es generar las condiciones para que vivamos en un medioambiente libre de contaminación, por lo que debe realizar la investigación como corresponde”, destaca.
Por ello, el 1TA decidió realizar una visita inspectiva a la zona de influencia del proyecto y así recabar antecedentes en terreno que le permitan resolver la controversia, diligencia que estará a cargo por la ministra presidenta del tribunal Sandra Álvarez y el ministro Cristián López, pueda decidir si acoge o no las reclamaciones realizadas. La fecha y hora de la inspección se determinará en una resolución complementaria que se dicte en su oportunidad.
NuevaUnión es un proyecto minero de cobre y molibdeno de la empresa Teck y Newmont Goldcorp, cuyos yacimientos El Relincho y La Fortuna que se ubican en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, respectivamente; y su vida útil se estima en 38 años con posibilidades de expansión. Además, se estima que tendrá una producción anual de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno durante los primeros cinco años de actividad de la mina.
Para el abogado de la SMA, Benjamín Muhr, contrario a los argumentos reclamados, dice que una vez que se recibieron las denuncias, la SMA efectuó diferentes y abundantes actividades de fiscalización entre las que estuvieron inspecciones en terreno, requerimientos sectoriales y a la empresa, además de la revisión de las consultas de pertinencias, y en base a todos los antecedentes se emitieron tres informes que analizaron cada punto establecido en las denuncias.
Para Muhr un aspecto fundamental fue establecer la supuesta elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, lo que fue descartado ya que explicó se trata yacimientos diferentes y de dos tipos de sondaje, lo que le permitió al organismo concluir que el umbral de ingreso al SEIA no fue superado en su conjunto, lo que deriva en el archivo de la denuncia. “Lo que se cuestiona de esta decisión es que la SMA haya considerado las plataformas nuevas y no las antiguas, y que haya hecho diferencia en el tipo de sondajes”, asegura.
Durante la audiencia, también se escucharon los alegatos de la empresa, que actuó como tercero coadyuvante del organismo fiscalizador. El abogado José Luis Fuenzalida asegura que “NuevaUnión ha optado siempre por tener una comunicación permanente con la comunidad agrícola diaguita Los Huasco Altinos, desde el 2017 en adelante, por lo que no se le puede imputar un ánimo doloso, elusivo, de fraccionamiento o de ocultamiento de información”.
Fuenzalida enfatiza que la empresa está recabando todos los antecedentes antes de ingresar al SEIA y que actualmente no existen obras, por lo que no habría un carácter de “directamente afectados” de los reclamantes. También, el abogado remarca que hubo un descarte ex ante y ex pos de impactos significativos del proyecto y mantiene que tampoco concurre el fraccionamiento porque el proyecto NuevaUnión pretende aprovechar las sinergias y evitar la duplicidad de depósitos de relaves, recintos portuarios, plantas desaladoras, entre otros, y el uso común de infraestructura tanto para los proyectos Relincho y La Fortuna, los cuales se encuentran a más de 40 kilómetros de distancia.
“El objetivo es evitar duplicar instalaciones que son sensibles, por eso se hace un solo proyecto”, aclara el abogado. Además, explica la actividad minera ejecutada y los objetivos de los sondajes geotécnicos, que representan 16 plataformas destinadas a levantar información destinada a obras civiles, no dicen relación con el plan minero de explotación.
