Implementación de la iniciativa queda en manos de sus controladores, la Sociedad Punta del Cobre S.A., Pucobre. SMA consideró que las gestiones son “sistemáticas, permanentes e ininterrumpidas” para la fase de obra, y se ajustan a las etapas y al orden en la evaluación y la tramitación, involucrando inversión por parte del titular. Quince gestiones consideró “relevantes” el organismo fiscalizador.
A través de la Oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la región de Coquimbo, dirigida por Višnja Musić Benedek, finalmente se acreditaron los actos, faenas y gestiones mínimas que durante estos últimos años viene implementando la empresa Sociedad Punta del Cobre S.A., Pucobre, para validar el desarrollo del proyecto minero El Espino.
Emplazado a 35 kilómetros al norte de Illapel, la ejecución de la iniciativa contempla una explotación a rajo abierto, una planta convencional de procesamiento de mineral sulfurado y la construcción de tres depósitos de lastre. Además, contará con un acueducto de agua salada para el procesamiento de mineral, y el concentrado de cobre con oro se transportará mediante camiones a puertos de embarque a su destino definido. La inversión alcanza los US$624 millones y empleará a 1.200 personas en su etapa de construcción y 550 en su operación.
Semanario Tiempo en su edición N° 1331, informó sobre el oficio que el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, emitió al superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, con objeto de pronunciarse sobre la vigencia del permiso ambiental de El Espino. Esto a los más de cinco años transcurridos desde que fue calificado ambientalmente favorable, el 16 de enero de 2016.
Para la jefa de la oficina de la SMA existieron quince actos “relevantes” que presentó el titular (ver nota relacionada) de manera “sistemática, permanentes e ininterrumpida” para la fase de construcción y que se ajustan a las etapas, y al orden en la evaluación y la tramitación.
“En este sentido, es posible considerar que el titular ha realizado gestiones previas y necesarias para la fase de construcción del proyecto establecidas en la RCA N°1/2016, posibilitando de esta forma que la ejecución se ajuste a las etapas y al orden considerado en la evaluación. Junto con ello, la obtención de permisos, y la tramitación actual de ellos, ha involucrado inversión económica por parte del titular que permite comprobar su intención de ejecutar su proyecto”, dice Višnja Musić Benedek.
Agrega que dichos actos “se han ido realizando en forma sostenida desde el año 2016. En dicho sentido, la presentación de antecedentes ante la autoridad ambiental, dentro del plazo establecido por el artículo 25 ter de la Ley N219.300, para acreditar el inicio de ejecución de su proyecto, demuestra la intención del titular de seguir adelante con su iniciativa”.
Así, al estimar que no existen razones para caducar sus permisos ambientales, el desarrollo definitivo de El Espino quedará desde ahora en manos de Pucobre, compañía que aún se encuentra realizando mejoras en sus parámetro de rentabilidad, dando paso un “estudio de factibilidad”, dijo el presidente de la sociedad, Juan Hurtado, en la carta dirigida a los accionistas, empleados y colaboradores, incluida en la Memoria Anual 2020.
La explotación de la mina de El Espino considera una extracción inicial del orden de 31 millones de toneladas de sobrecarga. Posteriormente, durante 16 años, se extraerá un total de 650 millones de toneladas de material, de los cuales 515 millones de toneladas corresponderán a estéril y 135 millones de toneladas a mineral, tanto sulfurado, como oxidado.
Pucobre mantiene 274 concesiones de explotación, sumando 34.941 hectáreas, en la región de Coquimbo. A su vez, las concesiones de exploración que registra la empresa alcanzan a un número las 78, con 16.400 hectáreas, en la zona.
