A inicio de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó los argumentos de demandantes luego que 48 de las 139 personas que solicitaron la acción no lograran acreditar su calidad de interesados, además de descartar los supuestos efectos adversos en el medio ambiente producto de las obras para la modernización del terminal marítimo.
Un total de 139 pescadores artesanales interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) por el proyecto de modernización y ampliación del puerto de Coquimbo, actualmente en construcción por el concesionario TPC.
La demanda, representada por los abogados César Barra y Rafael Almarza, fue admitida por la justicia ambiental el 22 de febrero pasado, sin embargo, los antecedentes de la reclamación fueron desestimados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Coquimbo, el 03 de enero del año en curso.
Según la carpeta que obra en el 1TA, la acción tiene como fundamento que, en la evaluación del proyecto, el SEA no consideró a los pescadores como afectados por los futuros impactos ambientales que produciría la modernización del puerto, porque no se efectuó un levantamiento de línea de base de medio humano y marino, ni se fundamentó la exclusión de los pescadores en el proceso de evaluación ambiental.
Junto a ello, alegan que se verán directamente afectados “en virtud de la alteración significativa en las labores de pesca, desplazamiento y recolección de productos del mar, debido a la ausencia y deficiencia en la identificación de los impactos ambientales respecto de su quehacer, y por consiguiente la no presentación de las medidas de mitigación”. Entre los impactos que los pescadores identifican están las interferencias en la navegación de las embarcaciones de pesca artesanal; el aumento del tráfico naviero y la imposibilidad de definir si alterará las zonas de caladeros, áreas de manejo y la explotación de recursos bentónicos; impactos en la fase de construcción y la contaminación de la bahía por las descargas de aguas de sentinas y lastres.
Para ello, solicitan que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, que considera una inversión cercana a los US$120 millones.
Respuesta
El 25 de mayo en 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto de TPC. Sin embargo, a inicios de este año, el SEA resolvió un recurso que interpusieron los abogados Barra y Almarza, y consideró que no se completó la información solicitada para acreditar el interés de la solicitud de invalidación de 48 de las 139 personas que firmaron el escrito.
“El SEA al analizar si los solicitantes se encontraban legitimados, teniendo presente que no cualquier persona puede considerarse como interesado, solo 91 de las 139 personas presentaron antecedentes en orden de acreditar su calidad”, sostiene el servicio. El documento a considerar era el Certificado de Inscripción al Registro de Organizaciones Artesanales emitido por Sernapesca.
Asimismo, TPC consultado por el SEA en el proceso, la empresa esgrimió que no existió vicio alguno en el procedimiento, puesto que las cuestiones levantadas por los requirentes son “falsas” jurídica y materialmente, y que obedecen a “juicios y opiniones” que se sometieron a evaluación ambiental y al escrutinio de los servicios públicos. Y que “pudieron haber sido expuestas en las instancias de Participación Ciudadana y que los solicitantes decidieron no hacer”.
Junto a ello, el SEA consideró que las materias alegadas no se indica la supuesta norma infringida. “limitándose a transcribir observaciones formuladas en el proceso de evaluación ambiental, omitiendo la respuesta entregada por la empresa”, discrepando no solo del titular, sino del Comité Técnico Revisor.
Respecto a la supuesta afectación ambiental, el SEA propone que se consideraron diversos escenarios para la modelación de emisiones atmosféricas y se concluyó que el proyecto no generará un aporte significativo en concentraciones de material particulado (MP; MP10; MP2,5) o gases de las naves durante el proceso de operación.
Sobre el supuesto impacto en las áreas de manejo, el SEA no identificó una influencia en el trafico de naves proyectado, ni en la presencia de embarcaciones “a la vara”, en atención a que ellas afecten por el vertimiento de carga al mar. Junto a ello, supone que tampoco existiría impacto porque la línea de base corresponde a una zona consolidada como puerto, por lo tanto “su abundancia y riqueza ecosistémica responde a esa condición”.
