El anuncio de una querella por parte del SII contra las sociedades implicadas en la venta de terrenos por el caso Papaya Gate dejó satisfechos a los congresistas de la zona, quienes esperan que el Ministerio Público también presente acusaciones, en el corto plazo.
La querella entablada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por eventuales delitos tributarios contra las empresas involucradas en la venta de terrenos ligados al caso Papaya Gate no dejó indiferentes a los parlamentarios de la región de Coquimbo, quienes ven en la acción judicial como un avance para esclarecer los hechos y perseguir presuntas responsabilidades.
El diputado (DC) Ricardo Cifuentes, comentó que la labor del organismo va en la línea de lo solicitado al fiscal Nacional (Ángel Valencia) para acelerar “lo más posible” esta investigación. “Nos parecía que había antecedentes suficientes para que el SII también tomara parte en este tema. Nos parece que la querella transparenta varias cosas: hubo sobreprecios, falsedades en el proceso de compra y venta, y creo que esto puede acelerar más el proceso para que el Papaya Gate no quede en la impunidad.”, dijo
El senador Matías Walker (Demócratas), explicó que el SII tiene la titularidad de la acción penal en esta materia y confió en que el Ministerio Público está investigando: “Siempre en esto prefiero ser prudente, creo que hay que confiar en la autonomía del Poder Judicial, sería una falta de respeto, de mi parte, opinar sobre una causa que está en tramitación. Obviamente, hay un interés público para que esto se esclarezca”, precisó.
En ese sentido respaldó que la indagación radique en la Fiscalía Regional de Valparaíso, puesto que da autonomía suficiente a la persecutora Claudia Perivancich para realizar esa labor. “No nos corresponde hacer comentarios políticos”.
Daniel Manouchehri, diputado PS, expuso que el Papaya Gate es un caso simbólico de corrupción: “todas las medidas que vayan en la línea de esclarecer los hechos de los involucrados contarán siempre con el respaldo nuestro. Se tiene que aplicar las mayores penas a quienes la Justicia determine que tienen responsabilidades”.
Daniel Núñez, senador PC, exclamó que “por fin” existe un avance para dilucidar los eventuales delitos que ocurrieron en este caso y criticó que las sociedades no solo tuvieron una utilidad espectacular por la comercialización de los predios, sino que, “al parecer, utilizaron artilugios para no declarar correctamente las ganancias, y de esa manera pagar menos impuestos que corresponde”.
“Valoramos que esté actuando (el SII) en este caso, y entendemos que estos antecedentes provienen de la Fiscalía, son frutos de esa labor, pero queremos también que el Ministerio Público opere y pueda formalizar a los involucrados”, sentenció.
