Minera Los Pelambres, a través de una representación convencional, acusó que los antecedentes del reclamante ya fueron formulados en una demanda anterior, donde se tomó conocimiento que las instalaciones se encuentran en desuso y con un plan de cierre autorizado y supervisado por Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente, incluso la propia casa consistorial.
Un nuevo flanco contra Minera Los Pelambres abrió el abogado Miguel Jopia en representación de la Municipalidad de Illapel, luego de interponer una medida cautelar en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) por un supuesto daño ambiental. En ese sentido, solicitó la paralización de la faena, trabajos y cualquier otra acción en algunas áreas de la compañía, denominadas Estación Booster y Piscina de Emergencia “KM 80”.
El 22 de febrero de 2023 se realizó una visita del equipo de la Unidad de Medio Ambiente del municipio, junto a personal de cuprífera, algunas comunidades del sector Choapa Viejo, un equipo del Laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, y personal fiscalizador de la Superintendencia de Medio Ambiente, para realizar verificación de los suelos bajo la carpeta de geomembrana instalada en la piscina de emergencia de la estación booster, además de tomar muestras para posterior análisis de composición.
“Durante esta visita se pudo observar que previo al trabajo de toma de muestra, el personal del titular habría manipulado y limpiado el sector de la geomembrana, no obstante, al momento de revisar el suelo bajo las carpetas, en la cuadrícula 9, se pudo avistar un coloramiento verdoso en el suelo y talud, además de abundante brillo metalizado, procediendo a tomar muestras para medición de parámetros físico-químicos”, relató el abogado Jopia.
A juicio del profesional, ese proceso de muestreo “habría sido realizado directamente por los profesionales de la Universidad de Chile, sin permitir que se realizará por la Superintendencia de Medio Ambiente”. “Se observó que las muestras no fueron debidamente resguardadas con sellos, sino solo a través de bolsas ziploc. Finalmente, se entregaron bolsas al SAG (Servicio Agrícola Ganadero), la Universidad de Chile y juntas de vecinos del sector, para que se pudieran realizar los distintos análisis que correspondieran”, agregó.
Ello, continuó Jopia, la distancia entre las instalaciones industriales se localizan a 300 metros de la localidad de Choapa Viejo, incluyendo el pozo de captación de agua del servicio sanitario rural del sector, en la cual habitan aproximadamente más de 500 personas. Presume un eventual daño ambiental.
La empresa responde
A través de Daniel Altires y Renzo Stagno, en representación convencional de la empresa, los antecedentes ya habrían sido formulados en una demanda caratulada “Aldo Ruiz con Minera Los Pelambres”, donde en audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, celebrada el pasado 22 de octubre en 2022, el propio 1TA tomó conocimiento que las instalaciones se encuentran en desuso y con un plan de cierre autorizado, “el cual fue solicitado por la propia comunidad”.
“La ejecución de ese plan fue supervisado por Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero, junto a la propia comunidad y la Ilustre Municipalidad de Illapel”, retrucaron.
Adicionalmente, acusaron que la cautelar del solicitante se funda en un relato “tendencioso”, que pretende caracterizar las actividades como “clandestinas e ilícitas”. “Por otra parte, el reclamante sostiene la existencia de un riesgo que simplemente no es real, como es la afectación de las aguas subterráneas del área del Choapa Viejo”, añadieron.
Según Stagno y Altieres, resulta inexplicable que el reclamante busque la suspensión de toda actividad de una instalación que es completamente independiente y distinta a la piscina, y “sobre el cual no ofrece antecedentes alguno como es la estación booster”, culminaron.
Por ello, ambos personeros solicitaron rechazar la cautelar, atendiendo su improcedencia y falta de mérito, aspectos que serán vistos y deliberados por la propia presidenta del Tribunal Ambiental de Antofagasta, Sandra Álvarez.
