Una de mayores aprensiones de la agrupación, además de las razones ambientales, pasa por el aplazamiento de la licitación para construir un nuevo centro de tratamiento integral de residuos, por las inconsistencias respecto a la ubicación que albergaría dichas instalaciones.
Con cinco años de existencia, el movimiento “No Más Relleno” –que agrupa a vecinos de los sectores de Totoralillo, El Panul, La Herradura, La Higuera y Rinconada, entre otras– reiteró poner término a la operación del vertedero “El Panul” por diversas “deficiencias” ambientales, por lo que volverá a insistir con su petición ante las nuevas autoridades regionales.
Entre las acciones próximas de la agrupación está en concertar reuniones con la Gobernadora Krist Naranjo, el delegado Presidencial, Pablo Herman, y el alcalde del puerto, Alí Manouchehri, entre otras. El propósito es despejar dudas respecto al aplazamiento de la licitación para construir un nuevo centro de tratamiento integral de residuos.
“Nos sentimos como el patio trasero porque llevamos cuatro varios años pidiendo que se cierre el relleno El Panul. Resulta que después del Papaya Gate, conversamos con el entonces Intendente Pablo Herman porque él iba a apurar la gestión de un terreno para materializar la iniciativa, sin embargo no ocurrió. Conversamos en su momento con la seremi del Medio Ambiente, Claudia Rivera, incluso le llevé una carta a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, justo antes del estallido social, pero nada”, comenta el vicepresidente del movimiento Nelson Herrera, quien agrega que al interior del grupo podrían llegar a instancias judiciales, con la presentación de una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Otras ex autoridades que también estuvieron presentes con la agrupación y que prometieron acciones sin resultados, dicen, fueron el ex alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y la ex gobernadora de Elqui y hoy concejal, Daniela Norambuena.
Terrenos
“Queremos ver dónde se podría reubicar el relleno porque la vida útil del actual es hasta el 2024”, comenta Herrera respecto a la incógnita por el proyecto para dotar de un Centro de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios para la provincia Elqui. Dicha iniciativa está prácticamente “congelada”, advierten, tras numerosos estudios que partieron en 2016 y que responden a la búsqueda de alternativas, dada la sobrecarga del relleno sanitario El Panul.
Dicho vertedero acumula los residuos sólidos domiciliarios del 61% de los habitantes de la región de Coquimbo. Solo en 2019, las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo y la Higuera generaron más de 194 mil toneladas de basura, un 54% de lo generado en toda la región y que fue depositado, justamente, en este sitio.
Se estima que son cinco sitios, en distintos puntos del Elqui, que fueron evaluados en base a distintas variables, entre ellas, el distanciamiento a áreas pobladas, la pendiente, la superficie disponible, el distanciamiento respecto de cursos de agua superficial, la accesibilidad a caminos públicos, distancia respecto de áreas naturales sensibles, entre otras, y que estarían disponibles para poder albergar la infraestructura del espera centro. Pero su definición aún está pendiente.
“Nos habían dicho que tenían un terreno conversado, pero el acuerdo era que lo íbamos a mantener en secreto para no caer en la especulación. Si abríamos el tema, (nos dijeron), el que vendía el terreno podría cambiar su posición o subir el precio”, agrega.
Algo que también vienen insinuando algunos consejeros regionales, como Javier Vega (PC) y Cristián Carriel (DC), quienes han solicitado al Ejecutivo acelerar y reactivar la Mesa de Residuos Sólidos, y confían que con la llegada de la Gobernadora Naranjo se encuentre solución al tema.
Las aprensiones de “No Más Relleno” también pasan por el tema medio ambiental. La cercanía del relleno El Panul a sectores poblados, funcionamiento en “malas condiciones”, olores fuertes, líquidos que podrían infiltrarse en cuencas, son algunas razones que esgrime el movimiento, que contaría con una representatividad de 30 mil personas. Ello sumado a la “nula” fiscalización por parte de los organismos técnicos correspondientes, acusan.
“No hay un cierre perimetral que provoca que exista un tránsito libre de las personas y animales en zonas donde hay pozos peligrosos”, añade Herrera.
