Profesional sostiene que la medida adoptada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no deja explícito que se mantendrán las actuales condiciones para la pesca y la extracción de recursos, y que alertaron no solo las debilidades de la iniciativa, sino que también las vulneraciones constitucionales de los pescadores, advertidas incluso por otros servicios públicos.
Son dos recursos de protección que están alojados en la Corte de Apelaciones de La Serena que buscan invalidar el acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que el 10 de agosto pasado adoptó -en un segundo intento- la implementación el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) entre Atacama y Coquimbo, la primera birregional del país.
La declaratoria fue celebrada principalmente por grupos ambientalistas, particulares y gremios turísticos y de pescadores de Punta de Choros y Los Choros en La Higuera, además de sus ejecutores, el Ministerio del Medio Ambiente. Cabe recordar que esta acción también fue promovida por ambos Gobierno Regionales (Atacama y Coquimbo), Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y parte de la sociedad civil.
Sin embargo, también tiene sus detractores. Las suspicacias comenzaron el 07 de julio luego que en el propio Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la entonces ministra de Minería, Marcela Hernando, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, solicitaran suspender esa primera instancia de votación por falta de información respecto a proyectos de inversión y escasa participación ciudadana.
Otros grupos contrarios al AMCP-MU son los pescadores de La Higuera (Caleta Los Hornos, Chungungo y Totoralillo Norte), la Federación de Trabajadores del Mar (Fetramar) Elqui y la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de Coquimbo. Todos, descansan en las acciones interpuestas, en el tribunal de alzada serenense, por el abogado Marcelo Castillo.
¿En qué se basan estos dos recursos?
“Representamos a los pescadores de La Higuera que van a ser afectados por esta Área Marina AMCP-MU y nos oponemos porque se va a restringir la pesca, y todas las actividades relacionadas como acuicultura, recolección, entre otras. El Ministerio del Medio Ambiente dice que no se va a afectar, pero si uno revisa el acuerdo que se adoptó el 10 de agosto pasado, no hay ninguna letra que diga que no se va a afectar la pesca. Todo hace sospechar, por ejemplo, que con la aplicación de la Ley 20.600 se están prohibiendo todas las concesiones en áreas protegidas y va a ocurrir lo mismo acá. Es decir, no se va a poder pescar, desarrollar acuicultura y ninguna de las actividades relacionadas con esa área de protección”.
¿Si un pescador desea implementar o expandir un área de concesión, debe realizar una DIA o EIA?
“Eso fuel o que sugirió el colega del Consejo de Defensa del Estado, que la única restricción sea esa. Imagínese usted que un pescador tenga que desarrollar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por una actividad que ha desarrollado durante décadas”.
Usted sostuvo que hubo servicios públicos omitidos y que alertaron las falencias del AMCP…
“La Subsecretaría para las Fuerzas Armas emitió un dictamen en el cual criticó la falta de participación, además de que se están afectando a las áreas de pesca que se desarrollan en la zona, junto con los objetivos de pesca que también que eran incompatibles con el desarrollo de esta área protegida. En fin, varias otras falencias que presenta esta declaratoria de Área Protegida. Nosotros presentamos, el 06 de marzo y el 07 de julio del 2023, dos cartas en el cual se presentaban todos estos temas de la ilegalidad del procedimiento, de la falta de organismos encargados de la protección, que no se definían los objetivos a proteger, y los derechos constitucionales afectados a los pescadores”.
La parte requerida comenta que sí hubo instancias de participación ciudadana…
“Efectivamente hubo talleres, pero en los cual se comunicaba la decisión que había adoptado el Ministerio del Medio Ambiente de realizar el Área Marina Protegida. No se les consultó a los pescadores respecto a su parecer, ni cómo les afectaba. Tampoco a los pescadores artesanales de Coquimbo, porque esta zona es un caladero para Coquimbo, incluso Los Vilos, y a ellos tampoco ni siquiera se les invitó a exponer las decisiones que había tomado el Ministerio del Medio Ambiente”.
Semanario Tiempo intentó conversar con Nicolás Escobar, abogado del Consejo de Defensa del Estado, quién está representando los intereses del fisco chileno y de la parte requerida, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, declinó en participar.
