Sandra Álvarez, presidenta de instancia judicial, será quien elaborará la sentencia en el litigio que enfrenta a trabajadores del mar y la Superintendencia del Medio Ambiente, luego que solicitaran invalidar permisos del proyecto de modernización de TPC. Tanto la empresa, como el demandado, niegan las acusaciones.
La demanda que interpusieron pescadores artesanales contra las obras de ampliación del puerto de Coquimbo está próxima a llegar a su fin, luego que la sala del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), conformada por los jueces Mauricio Oviedo, Cristián López y Sandra Álvarez, acordaran designar a esta última para la redacción de la sentencia, luego que en mayo se produjeran los alegatos entre los abogados que representan al grupo de trabajadores del mar y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La controversia partió el 18 de febrero pasado cuando se ingresó una reclamación patrocinada por 139 pescadores, luego que el SEA se negara a invalidar los permisos ambientales para la construcción de la iniciativa, que involucra una inversión de US$120 millones. Actualmente, la iniciativa se encuentra con obras en plena ejecución, con objeto de modernizar y ampliar la capacidad de transferencia de carga del terminal portuario. Las principales partes son: la habilitación de la zona pavimentos para la circulación de vehículos propios de la actividad portuaria; la construcción de un nuevo muelle multipropósito para la operación de los nuevos sitios de atraque Nº 3 y Nº 4 y la reparación estructural de actuales sitios de Atraque Nº 1 y 2, que hoy se encuentran en funcionamiento.
Sin embargo, el 11 de marzo pasado, el SEA solicitó a los jueces del 1TA, rechazar las quejas interpuestas por los pescadores, principalmente al constatar que 48 de las 139 personas que solicitaron la acción no lograran acreditar su calidad de interesados, además de descartar los supuestos efectos adversos en el medio ambiente, producto de las obras.
Entre los impactos que acusan los pescadores están las supuestas interferencias en la navegación de las embarcaciones de pesca artesanal; el aumento del tráfico naviero y la imposibilidad de definir si alterará las zonas de caladeros, áreas de manejo y la explotación de recursos bentónicos; impactos en la fase de construcción y la contaminación de la bahía por las descargas de aguas de sentinas y lastres. Para ello, solicitan que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
El 25 de mayo en 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto de TPC. Sin embargo, a inicios de este año, el SEA resolvió un recurso de reclamación al no acreditarse el interés de la solicitud de invalidación de 48 de las 139 personas que firmaron el escrito.
“El SEA al analizar si los solicitantes se encontraban legitimados, teniendo presente que no cualquier persona puede considerarse como interesado, solo 91 de las 139 personas presentaron antecedentes en orden de acreditar su calidad”, sostiene el servicio. El documento fue ratificado por el Certificado de Inscripción al Registro de Organizaciones Artesanales emitido por Sernapesca.
Asimismo, TPC consultado por el SEA en el proceso, la empresa esgrimió que no existió vicio alguno en el procedimiento, puesto que las cuestiones levantadas por los requirentes son “falsas” jurídica y materialmente, y que obedecen a “juicios y opiniones” que se sometieron a evaluación ambiental y al escrutinio de los servicios públicos. Y que “pudieron haber sido expuestas en las instancias de Participación Ciudadana y que los solicitantes decidieron no hacer”.
Junto a ello, el SEA consideró que las materias alegadas no se indica la supuesta norma infringida. “limitándose a transcribir observaciones formuladas en el proceso de evaluación ambiental, omitiendo la respuesta entregada por la empresa”, discrepando no solo del titular, sino del Comité Técnico Revisor.
Respecto a la supuesta afectación ambiental, el SEA propuso que se consideraron diversos escenarios para la modelación de emisiones atmosféricas y se concluyó que el proyecto no generará un aporte significativo en concentraciones de material particulado (MP; MP10; MP2,5) o gases de las naves durante el proceso de operación.
Sobre el supuesto impacto en las áreas de manejo, el SEA no identificó una influencia en el trafico de naves proyectado, ni en la presencia de embarcaciones “a la vara”, en atención a que ellas afecten por el vertimiento de carga al mar. Junto a ello, supone que tampoco existiría impacto porque la línea de base corresponde a una zona consolidada como puerto, por lo tanto “su abundancia y riqueza ecosistémica responde a esa condición”.
