Secretaría de Estado defendió no solo el lugar de emplazamiento de la iniciativa, sino que agregó que en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto se considerarán las condiciones y normas de la obra, además eventuales medidas de mitigación y compensación.
Fue la visita del presidente Gabriel Boric al futuro hospital San Pablo cuando un grupo de personas se manifestó en contra a la idea que el sector El Panul de Coquimbo sea el escenario que albergará la construcción de una planta desaladora para la región, por la grave escasez hídrica que afecta a la zona.
En medio de eso, Jessica López, ministra de Obras Públicas, defendió no solo la puesta en marcha para el abastecimiento del consumo humano, sino que el lugar de emplazamiento. “Hemos estado conversando con las comunidades; dijo.
“Decir que instalar una planta desaladora no significa, por ningún motivo, destruir el territorio. Todas esas obras se hacen con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que establece un conjunto de requisitos, condiciones y normas para hacer estas obras, sin afectar el territorio”, destacó.
En ese sentido, la secretaria de Estado agregó que “cuando es imprescindible ejecutar algunas cosas que tienen mucho impacto, hay que establecer medidas de mitigación y compensación que nos permita, entonces, que Chile y sus proyectos avancen, sin deteriorar nuestro medio ambiente, y sin destruir la biodiversidad que es necesario preservar”, explicó.
Según la planificación del gobierno, la región de Coquimbo posee un cronograma que incluye varias obras para combatir la sequía. La desaladora en El panul costaría unos US$300 millones (ver tema principal), pero también considera un sistema centrado en garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano y, complementariamente, satisfacer demandas de otros sectores afectados por la crisis hídrica.
Así, con el objetivo de mitigar el déficit hídrico que aqueja a los Servicios Sanitarios Rurales (APR) de la región de Coquimbo, el Ministerio de Obras Públicas proyecta la instalación de tres plantas desaladoras para proporcionar una fuente de agua segura para consumo humano a los Servicios Sanitarios Rurales de las provincias de Limarí y Choapa, por una inversión cercana a los 209 millones de dólares, beneficiando a 130 mil personas.
Se prevé que el inicio de la operación de estos sistemas estén durante el 2029, aunque el 2025 se habilitaría un complejo en el sector de El Esfuerzo en Quilimarí.
