Si bien, Bienes Nacionales no cursa multas por la ocupación de terrenos fiscales, sí son los encargados de fiscalizar las tomas, para dar curso al proceso de desocupación, en donde, si llega a la justicia, es el Consejo de Defensa del Estado la entidad de encargada de llevar adelante los juicios, luego que la cartera les remita los antecedentes. En los últimos dos años, se han enviado 40 causas al organismo para recuperar sitios del Estado, en donde algunos están pensados para el programa de emergencia habitacional.
Menos del 1% del territorio de la región de Coquimbo es administrado por el ministerio de Bienes Nacionales, por tanto su buen uso es fundamental para lograr llegar a todas las demandas de la ciudadanía, por tal motivo, la seremía a cargo constantemente realiza fiscalizaciones a las ocupaciones ilegales, ya sea por denuncias o por oficio.
En ese sentido, Marcelo Salazar, seremi de Bienes Nacionales, detalla que “nosotros en terrenos fiscales tenemos algunas tomas que son relevantes y de gran tamaño, que son muy diversas en general, de hecho nuestras fiscalizaciones que seguimos haciéndolas, es un trabajo de forma permanente, ya sea por denuncias y otras que están dentro de nuestro programa”.
En la región hay dos fiscalizadores, “por lo tanto hay trabajo que hacer ahí, y tenemos que ser muy eficientes con los recursos, dentro del marco de las fiscalizaciones tenemos algunos sectores que son emblemáticos como La Varilla en La Serena, en Las Rojas también tenemos, Huamalata en Ovalle, y lo que nos hemos percatado de estas fiscalizaciones es que hay distintas tipologías de tomas, encontramos primeras viviendas, personas que tienen una segunda vivienda, emprendimientos incluso algunos silvoagropecuarios, también hemos encontrado extracciones de áridos en nuestra propiedad fiscal” sostiene el seremi.
Agrega que “en el sur incluso se da extracciones de madera nativa en propiedad fiscal, tenemos una tipología bastante definida y caracterizada de lo que está pasando en todos los territorios donde estamos haciendo estas fiscalizaciones”.
En forma paralela, Bienes Nacionales tiene un programa de normalización, “después de la fiscalización vamos a tratar de conversar con la gente que está en la ocupación ilegal, para ver si tienen una buena disposición para generar un acto administrativo que puede ser por ejemplo un arriendo, también pueden ser actas de radicación o concesiones de uso gratuito”.
“Pero también tenemos algunas realidades que tienen que ver con unas tomas que no se pueden normalizar y claramente lo que tenemos que ejecutar ahí son acciones para restituir el bien fiscal a través de desalojos y en ese sentido, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales solamente llegamos a generar el expediente después de la fiscalización y posteriormente eso se lo entregamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual debería hacer un juicio que podría terminar en un desalojo” agrega.
Puntualiza en que “estamos en coordinación permanente con la Delegación Presidencial Regional a través del tema de seguridad y de cómo vamos a ejecutar este tipo de desalojos, porque muchas veces lo que hay que evitar es que, como casi todas las tomas en general se hacen a través de la instalación de postes, palos o alambres, y es ahí donde podemos ejecutar acciones concretas y rápidas para evitar la consolidación de las tomas que se pretenden instalar en estos territorios”.
Bienes Nacionales no cursa multas
El seremi explica que producto de las fiscalizaciones no cursan multas, “hacemos el primer control, encontramos a la persona que está en el sitio, le sugerimos que se retire porque está haciendo uso ilegal del bien fiscal, cursamos una segunda fiscalización y si ya no hay una respuesta positiva, entregamos el expediente al Consejo de Defensa del Estado, que es lo que Contraloría nos dice que debemos hacer”.
“Nosotros no podemos ejecutar ningún otro acto, solamente los que menciono” aclara.
De los expedientes remitidos al CDE, desde la cartera detallan que van 40 en los últimos dos años, “lo relevante que ocurrió es que con la pandemia, todos los juicios quedaron en pausados por distintas situaciones, por lo que ahora los estamos retomando y reinformando al CDE para que haga cargo de estas situaciones ilegales”.
Segundas viviendas y cultivos
De las fiscalizaciones, el seremi revela que han encontrado de todo, “hay gente que ha estado cultivando o que tiene una desarmaduría en la Varilla, consolidación de segundas viviendas en Las Rojas, incluso encontramos una cabaña, tenemos muchas ocupaciones que están instalándose en zonas de riesgo no respetando, el uso de suelo, los planos reguladores ni provinciales de ordenamiento territorial, los PRI”.
“Las personas están conscientes que están ocupando en forma ilegal un terreno fiscal, incluso muchos de ellos han sido un poco violentos, en ese sentido, cuando ocurre eso, los fiscalizadores se retiran y tenemos que hacer una segunda visita con el apoyo de Carabineros para seguir haciendo nuestro mandato que es proteger y administrar el bien fiscal” añade.
Terrenos fiscales para viviendas sociales
Salazar comenta que van a seguir en la senda de poder disponer los terrenos que tienen, y los que puedan contar con factibilidad técnica, para el plan de emergencia habitacional para cumplir con el mandato del Presidente Gabriel Boric asociado a la construcción de casas sociales que permita bajar el déficit que tenemos en la región de Coquimbo, que se acerca a los 24.500 hogares.
“La gente demanda, y nosotros como gobierno, a través de Bienes Naciones, el Minvu tiene una meta de construcción de 12.490 nuevas casas, todo para dar calidad de vida a los vecinos que van a instalarse en los programas de viviendas” sostiene.
Eso sí, comenta que “muchas de las personas que están en una toma, se verá caso a caso y perfectamente pueden postular a este plan de emergencia habitacional”.