Ex persecutor tenía un convenio por $13 millones, sin embargo, “por acuerdo de las partes mencionadas, se llegó a un pago económico por un monto cercano a los $2 millones, es decir, un poco más del 15% de lo acordado inicialmente”, dijo el Gobierno Regional a través de una declaración.
El vínculo que se presentó con “bombos y platillos” finalizó con una escueta declaración. Así podría resumirse la contratación del ex Fiscal Carlos Gajardo para asesorar el Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) para investigar las presuntas irregularidades cometidas en el caso Papaya Gate.
La participación del ex persecutor buscaba establecer las responsabilidades de la exintendenta Lucía Pinto y otros tres altos funcionarios en los eventuales delito de fraude al Fisco por la compra de una serie de predios en el sector de San Ramón de La Serena, por $9.800 millones, para un centro deportivo, pese a ser representados en cuatro oportunidades por la Contraloría General de la República y que se selló en una notaría sin autorización del organismo fiscalizador.
Para ello llegaba Gajardo a “acelerar” la causa, entendiendo la experiencia del profesional en delitos económicos como aquellos relacionados con el caso Penta. Pese a ello, el acuerdo que GORE, de decidió poner fin al contrato por “carga laboral y otros compromisos” del abogado.
El Gobierno Regional de Coquimbo confirmó el viernes 17 de junio pasado el término de contrato con la firma del exfiscal Carlos Gajardo, quien se había sumado como asesor externo en las gestiones del denominado “Papaya Gate”.
Cabe recordar que el GORE había anunciado la contratación del conocido abogado a fines de febrero, donde además colaboró en la presentación de una querella por el caso de presunto fraude al Fisco en la Secretaría Regional Ministerial de Minería, por la transferencia de recursos públicos a sindicatos por mejoras que nunca se realizaron.
En el escrito se señaló que “por acuerdo de las partes mencionadas, se llegó a un pago económico por un monto cercano a los $2 millones, es decir, un poco más del 15% de lo acordado inicialmente”.
La contratación por trato directo de Gajardo había sido cuestionada por consejeros regionales y objetada por la propia Contraloría, que pidió subsanar los antecedentes para justificar este mecanismo en el acuerdo con el abogado. En un informe y pronunciamiento se desprende que en base a la jurisprudencia administrativa, se ha precisado que la modalidad de contratación por trato directo constituye una excepción, por lo que exige que al momento de disponerla se demuestren, de modo efectivo y debidamente documentado, los motivos que justificaron su procedencia.
Además, se advierte que el Gobierno Regional fundamentó su decisión de contratar los servicios del mencionado estudio jurídico en la supuesta inexistencia de otros proveedores capaces de otorgar la seguridad y confianza que aquella oficina de abogados le brindaba, “aseveración que argumenta haciendo referencia a las materias altamente especializadas en las que dicha firma trabaja y al perfil profesional de sus abogados, caracterizados, según señala, por sus profundos conocimientos y experiencia en el ámbito del derecho penal”.
El organismo concluyó que la contratación no resultó ajustada a derecho, motivo por el cual dicho servicio deberá proceder a regularizar tal situación, la incluso podría ser a través del sistema de compras del Estado en donde varios proveedores puedan optar a adjudicarse el contrato.
