Seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval, argumentó que la detención en la inversión se debió a los altos costos, y que se debía priorizar la licitación de un estudio integral no solo para dar respuesta a las necesidades del tránsito vehicular y conectividad, sino de aspectos ambientales, territoriales, sociales.
Luego del grave accidente que dejó ocho personas fallecidas en la Ruta 41, las críticas por la falta de iniciativas para otorgar una doble vía en esa arteria apuntaron al Ministerio de Obras Públicas, tanto por los alcaldes de las comunas de La Serena, Roberto Jacob, y Vicuña, Rafael vera, además de parlamentarios y la comunidad en general.
Javier Sandoval, Seremi de Obras Públicas, aseguraba que cuando asumió no había ninguna iniciativa o diseño al respecto, aclarando que solo existe un desarrollo de ampliación hasta el sector de Las Rojas, que se ha visto dificultado por el costo de las expropiaciones, aunque existe un diseño que considera mejoramientos hasta la localidad de Marquesa.
“Sólo tenemos financiamiento para los primeros cinco kilómetros en el sector urbano, los cuales están mostrando complejidades en su etapa de expropiación, ya que se triplicaron los valores estimados inicialmente, por lo que comenzamos una etapa de refinanciamiento para poder ejecutarlos”, complementó.
Lo cierto, es que el proceso expropiatorio de un tramo de la carretera, denominada “Ruta de la muerte”, entre La Serena y Las Rojas, se detuvo en septiembre del 2022, luego de una reunión sostenida entre el equipo de profesionales de la secretaría regional, el Director de Planeamiento y el propio Sandoval.
En el Ordinario 1130, suscrito por la autoridad regional, planteó que el proyecto incluido en la Ley de Presupuestos no resolvería la problemática de alta congestión vehicular, debido a que el tramo interurbano hasta Las Rojas presenta un “manifiesto” problema de capacidad, que no se solucionará “en la medida que no se resuelva la integridad del proyecto original”.
Sandoval argumentó que el proyecto entre La Serena y Las Rojas se basó en un diseño del año 2017, con una situación de flujos y urbanizaciones distintas a las actuales. Ello requería, siguió, con una actualización de los contenidos, a través de una asesoría integral, especialmente ante eventuales cuestionamientos de la Contraloría por probables modificaciones o situaciones previstas en el bosquejo inicial.
“Es necesario detener la inversión de la etapa de expropiaciones del actual proyecto, para así poder priorizar la licitación de un estudio integral con los alcances que aseguren dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del tránsito vehicular y conectividad de los sectores”, mencionó.
El peritaje del proyecto a la fecha había evidenciado altos costos de expropiación, significando una gran proporción del presupuesto total anual de la Dirección Regional de Viabilidad”, aseguró Sandoval en el texto.
“Esto nace en virtud de observaciones que la propia Contraloría ha hecho a la Dirección de Vialidad en diversos contratos de obras en el país, argumentando falta de protocolo referido a la actualización de diseños muy antiguos, al momento de la preparación de antecedentes de licitación”, sostuvo.
Asimismo, consideró que se requiere estudiar “con una mirada diferente” la actual naturaleza del proyecto, que permita analizar nuevas alternativas de trazabilidad y solución geométrica, incorporando aspectos ambientales, territoriales, sociales y económicos (multicriterio).
