Para Oceana, si bien acudirán a la medida adoptada el máximo tribunal del país, criticaron que se trata de un proceso para “autorizar” el proyecto minero-portuario que busca instalarse en la comuna de La Higuera. Mientras, para la Asociación Comunal de La Higuera, parte coadyuvante en la controversia judicial, la propuesta judicial es “viable”.
La Tercera Sala de la Corte Suprema -presidida por el juez Sergio Muñoz y conformada por Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus- decidió dejar “en acuerdo” la causa del proyecto minero-portuario Dominga, pero además envió una señal a las partes en controversia para estrechar posiciones, al citar a una inédita audiencia de conciliación.
Ello, luego que a inicios de esta semana, entre el lunes 29 de noviembre y martes 01 de diciembre, se produjeran los alegatos en marco de los recursos de casación presentados por la organización conservacionista Oceana y una serie de personas naturales en contra de la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), que en abril de este año acogió de forma unánime la reclamación en favor de Andes Iron, titular del proyecto Dominga, ordenando retrotraer a la votación regional, esta vez ajustada a derecho.
Después de ambas jornadas, los ministros dieron a conocer mediante un escrito que la causa había quedado en “en acuerdo”, vale decir, que se conocía la posición del pleno, la que pronto debería ser dada a conocer. Sin embargo, la sorpresa se instaló mediante otra resolución, firmada por los propios jueces, la que pidió un comparendo de conciliación “a todas las partes debidamente representadas y con facultades para transigir”, a la audiencia del día miércoles 12 de enero de 2022, a las 13.30 horas.
Agregó que será el 1ta quien velará por la oportuna notificación de todos quienes fueron admitidos como parte en este proceso, incluyendo a los terceros coadyuvantes e independientes.
Y aunque la medida adoptada por la Corte Suprema se ha aplicado en otras oportunidades -como la polémica termoeléctrica Central Castilla, la mina Cerro Colorado o el parque Pumpin- no siempre el máximo tribunal del país decide citar a estas audiencias para resolver estas controversias. En todo caso, de no prosperar la medida, la Tercera Sala deberá dar inicio a la redacción del fallo, el que estará a cargo del juez Jean Pierre Matus.
El proyecto Dominga proyecta una inversión de 2.500 millones de dólares para la construcción y operación de dos yacimientos a rajo abierto para la explotación de 12 millones de toneladas de hierro anuales y 150 mil de cobre como subproducto, además de una serie de instalaciones como una planta desalinizadora para sus procesos productivos y un terminal de embarque.
Respecto a la determinación de la Corte Suprema, el abogado Fernando Roco, quien representa a la Asociación Comunal de La Higuera, considera que el asunto “es viable de resolverse mediante un acuerdo de las partes, eso es la conciliación una alternativa a la dictación de una sentencia, por medio de la cual las partes se ponen de acuerdo, ceden en sus posiciones y logran un acuerdo”. En relación a los puntos en que podrían ceder las partes, señala que “por lo pronto, si se escucharon los alegatos sobre todo los de Andes Iron, ellos plantearon ceder el permiso del puerto como concesiones, entonces, debiesen incurrir por lo pronto en ese sentido”.
“Desde siempre, todo ha estado en manos de la Corte Suprema. Ellos tienen la facultad de redactar sentencia o bien llamar a las partes a una conciliación, y más que uno giro a nosotros nos parece como una solución interesante y que es una señal que considera que este asunto, que ha sido tan complejo, es susceptible de solucionarse por la vía del entendimiento, y eso a nosotros desde ya nos deja tranquilos, lo vemos de una manera positiva”, añade
Para el profesional, si bien cada parte se maneja de manera diferenciada, por lo pronto todos debiesen tener la voluntad de acudir a dicha audiencia estar todos en esa audiencia para “escuchar lo que el tribunal quiera plantear”.
Sin embargo, para Ezio Costa, abogado de Oceana y director de la ONG Fima, “nos parece difícil que pueda solucionarse en esa instancia el asunto, puesto que estamos hablando de bienes indisponibles, comunes o naturales, que no se puede tomar una decisión en este tipo de instancias”.
“Es un juicio que versa sobre la legalidad o ilegalidad de un acto de la administración del Estado que tampoco es algo que se pueda conciliar, si cumplió o no con la normativa, es algo que debe ser resulto por los jueces”. Sin perjuicio de aquello, afirma que acudirán al llamado de la Corte Suprema para escuchar cuál es la posición y las ideas que tiene al respecto.
Por su parte, Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, plantea la medida adoptada por la Corte Suprema más que una conciliación “es un proceso para autorizar Dominga y como organización de conservación marina seguiremos insistiendo en que es importante escuchar a la ciencia y proteger definitivamente este lugar”.
