Del total, 4 mil millones de pesos comprometidos corresponden a la Municipalidad de Coquimbo y el restante al Gobierno Regional. Se buscan soluciones de pago con los ejecutivos de la compañía, los que recién podrían ser saldados totalmente el 2022. Intendente de Coquimbo, Pablo Herman, admite que situación es compleja, pero coordina acciones para resolver el conflicto.
Nuevamente el edificio consistorial de Coquimbo da que hablar. Debería ser por las características de su construcción: quince pisos, cinco escaleras con acceso a discapacitados y una superficie de 16.869 m2, y también por las bondades que ofrece para los más de mil trabajadores que lo ocuparían.
Pero no. Su alto costo, unos $28 mil millones, lo posicionaron como uno de los consistoriales más costosos del país y que aún no apertura por problemas de caja, a casi una década de su licitación.
En 2012, se adjudicó el proyecto a la empresa constructora Sacyr, la misma que posee los tramos concesionados de la Ruta 5, entre La Serena-Los Vilos y La Serena-Vallenar, además de la Ruta 43, entre Ovalle y Coquimbo. En 2015, luego del terremoto y tsunami, la construcción no solo sufrió daños, sino que se debió adaptar a la norma sísmica. Ahí hubo una detención de los trabajos por cuatro meses, pero también se pidieron $3 mil millones adicionales al presupuesto que ya alcanzaba los $18 mil millones. Un año después, nuevamente las obras sufrieron atrasos, puesto que la firma española determinó paralizarlas por deudas impagas desde el municipio. A raíz de aquello, el Consejo Regional de Coquimbo aprobó un nuevo suplemento por $5 mil millones.
Nuevo capítulo
Según la página de Transparencia, en marzo de este año hubo una reunión entre el Administrador Regional, Felipe Pinochet y representantes de la empresa. Semanario Tiempo tomó contacto con la Intendencia de Coquimbo para conocer la deuda y el estado de avance del emblemático inmueble: un total de $5.500 millones ($1.500 del Gobierno Regional y $4 mil millones de la Municipalidad de Coquimbo), pero con las obras prácticamente terminadas.
El Intendente de Coquimbo, Pablo Herman, sostiene que el consistorial porteño está en proceso de recepción provisoria, pero admite que aún existen recursos que “se les está debiendo a la empresa”. “Estamos a la espera de información del municipio porque tenían pensado con un leaseback pagar esta plata, pero no le fue bien porque uno de los terrenos que estaban entregando es área verde, por el nuevo Plan Regulador”, dice Herman.
La situación es compleja, comenta, ya que la Contraloría se pronunció y estableció que es el Gobierno Regional quién debe asumir el compromiso total, al ser la entidad financiera del inmueble, pese a que la construcción siempre se fijó mediante un cofinanciamiento. Por eso, agrega, se han realizado gestiones tanto con el alcalde Marcelo Pereira y representantes de la empresa para que se establezca un programa de pago o convenio, y así destrabar el asunto.
“Tuvimos reuniones con la empresa (Sacyr), precisamente, para informarles que estamos haciendo gestiones para que el estado de pago pueda venir dividido, para poder pagar como Gobierno Regional lo que corresponde, que son los $1.500 millones que nos estaría faltando, y esos otros $4 mil millones vengan en otros estados de pagos”, describe.
La deuda solo podría saldarse en 2022, puesto que no está contemplado en la caja de este año.
“Para nosotros tampoco es una buena señal, porque hay un convenio, hay un compromiso del Gobierno Regional y el municipio, y uno espera que ese compromiso se cumpla. Si nos hacemos cargo de esos $4 mil millones que adeuda el Municipio, está bien. Pero nosotros, por otra parte, también tenemos que realizar algunas acciones judiciales para que esto no vuelva a ocurrir, porque finalmente no es bueno que ocurra con los otros municipios. Nos deja en un mal pie, porque tenemos que sacar esos recursos de otro lado. Entendemos que los compromisos están para cumplirse”, reitera la autoridad.
Evitar demandas
Herman enfatiza que la información que mantiene, tanto del inspector fiscal de la obra y los administradores de contrato, es que el edificio tiene solo unas “observaciones” que imposibilitan su operación, situación que “genera, obviamente, la molestia por parte de la empresa, porque dicen que claramente cumplieron en construir el edificio”.
La idea, entonces, es buscar soluciones, voluntades y establecer reuniones periódicas con Sacyr, tarea que mantiene al Administrador Pinochet ocupado con citas para evitar demandas por perjuicio. “Siempre estamos sujetos a eso (una eventual demanda) y aquí estamos hablando de hace más de un año sin poder cobrar ese estado de pago. Entonces, estamos esperando, en base a las soluciones que les estamos dando, a que no se haga ningún acto de eso”, concluye.
