Algunos se han visto enfrentado a graves situaciones e incluso con querellas interpuestas para quienes resulten responsables, como ocurre en La Serena. Lo mismo en otras casas edilicias más pequeñas, cuyos concejos han aprobado auditorias para iniciar procesos investigativos.
El pasado 6 de diciembre se iniciaron los nuevos periodos de los alcaldes y alcaldesas de las 15 comunas en la región, con varias autoridades renovadas y otras que lograron la reelección. Para algunos, un balde de agua fría al enterarse que las arcas financieras no eran la mejores y que, por ende, tendrían un camino aún más complejo de lo estimado.
Esto, porque en algunos municipios, el caos en términos presupuestarios ha sobrepasado las fronteras, partiendo por la comuna de La Serena y su casi interminable proceso con la Corporación Gabriel González Videla y la deuda casi histórica en temas previsionales con los profesores y salud. La alcaldesa de esa comuna, Daniela Norambuena, dijo que la deuda era cercana a los 57 mil millones de pesos entre la administración municipal y la Corporación. “Esto se debe a que los ingresos de la corporación por percápita (salud) y subvenciones (educación) no alcanza para cubrir los sueldos ni los ingresos básicos. Eso implica un déficit mensual de 1.100 millones que es imposible de sostener en el tiempo”, explica José Moraga, administrador municipal.
Leaseback en proceso
Sin embargo, reconoce que, pese a lo complejo del panorama, se trabaja para apalear el millonario monto adeudado. En lo que respecta a la Corporación, ha habido una reducción importante de su personal, y también de contratos millonarios. Además, se aprobó en el Concejo una licitación para una auditoria y se buscan recursos en los ministerios de Educación, Hacienda y Salud.
Justamente, en el Departamento de Salud se desarrolló una investigación por presunto fraude al fisco, estafa y lavado de activos, que derivó hace unas semanas en la detención de 14 funcionarios, de los cuales cuatro hoy se encuentran en prisión preventiva –el resto con arresto domiciliario total tras su formalización- luego que el Ministerio Público determinara un perjuicio fiscal cercano a los 800 millones de pesos.
En lo que respecta al municipio, se trabaja en un plan de recaudación (patentes, publicidad) para este año en $4 mil millones adicionales. De igual manera, el leaseback está en proceso de licitación, además de la disminución de personal a honorarios y un aumento de coberturas municipales… Por si fuera poco, Contraloría informó ayer que el 70% de los municipios entregó licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia, entre ellos La Serena con 114.
Historia conocida
Un problema que no ha sido ajeno a otros municipios. Pues la semana pasada, Salamanca veía con dificultad el inicio a clases por embargo de los fondos de subvención escolar, déficit financiero heredado por administraciones anteriores, se lamentó el alcalde Carlos Lillo. En cuestión, 817 millones de pesos en subvenciones escolares han sido retenidos como resultado de una demanda en contra de la casa edilicia.
Una deuda “que no es de nuestros niños, no es de nuestros profesores, entonces creemos que es una injusticia que hoy se castigue a la educación municipal de Salamanca por errores del pasado”, dijo. Claro que, al asumir, aseguró que la deuda según el último informe trimestral alcanzaba los 7 mil millones.
Una situación parecida en Vicuña, donde el concejo aprobó la realización de una auditoría externa, proceso que abarcará especialmente las áreas de Salud y Educación. En ese sentido, el alcalde Mario Aros sostuvo que al asumir la administración municipal “nos encontramos con un serio déficit de transparencia, donde nuestra comuna lideraba negativamente este ranking a nivel nacional”. “Esta situación es resultado de una gestión anterior que no priorizó la transparencia ni el acceso a la información pública. Además, nos hemos enfrentado a un complejo escenario con los amarres y renovaciones de contratas a última hora, lo que ha dificultado la instalación de nuestros equipos y ha puesto obstáculos en la eficiencia de nuestra gestión”, precisó.
En Ovalle, cinco días después de haber juramentado, el Concejo Municipal, liderado por el alcalde Héctor Vega, aprobó la iniciativa de una auditoría que considerara el periodo 2023-2024 para conocer en qué situación financiera se encuentra la municipalidad y cuáles son las medidas que se pueden implementar si efectivamente es demasiado el déficit, especialmente en el Departamento de Salud.
Misma situación en La Higuera, donde incluso la jefa comunal, Uberlinda Aquea, interpuso una querella en contra del exalcalde Yerko Galleguillos, “por cuanto nuestra infraestructura comunitaria prácticamente está en el suelo”, señaló. En este caso, facturas impagas a empresas de factoring, especialmente.
