En la etapa final del proceso de evaluación y en voto dividido, el Consejo Regional (CORE) se pronunció a favor del informe emitido por el GORE respecto de la compatibilidad territorial y la coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo.
Más de 600 puestos de trabajo en su fase de operación tiene programado generar en la Región de Coquimbo el proyecto minero de propiedad de la Compañía Minera Arqueros S.A, ubicado en la provincia de Elqui.
La empresa propietaria consulta una inversión del orden de los USD$200 millones de dólares, constituyéndose, según la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) en una oportunidad para reactivar la economía regional e impulsar la minería en la zona.
El proyecto, que se emplaza en el sector de Condoriaco, a 72 kilómetros al noreste de La Serena y colindante con Vicuña, tiene como objetivo final, la producción de concentrado de cobre mediante el método subterráneo Room and Pillar y su posterior procesamiento en la planta de tratamiento de concentrado de cobre.
Infraestructura moderna
Para aquello, la compañía Arqueros, que viene operando en la región desde el año 2011 con otros proyectos mineros, contempla la construcción de un área de mina subterránea con tecnología de punta, una planta de concentrados, un depósito de relaves y obras complementarias, como un sistema de impulsión de agua, líneas de transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas y caminos.
La iniciativa se encuentra actualmente en la etapa final del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuyo informe emitido por el Gobierno Regional pasó a conocimiento del Consejo Regional, a través de la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía, para su pronunciamiento respecto de la compatibilidad territorial del proyecto y su coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo vigente. Finalmente, fue aprobado en el pleno del cuerpo colegiado por 8 votos a favor, 5 abstenciones y 3 ausencias.
El consejero Carlos Galleguillos, dijo que “lo interesante de este proyecto es que permite ampliar los capitales chilenos en estudios geológicos, y por otra parte, por el nuevo método de explotación subterránea, con un sistema de alta tecnología, que busca respetar el medio ambiente y eso nos deja satisfechos”, apuntó el consejero.
Mientras que el consejero Marcelo Castagneto, señaló que “si el proyecto ha ido cumpliendo con la jurisprudencia ambiental, no podemos negarnos a un proceso que ha sido de larga data. Por lo demás, como región tenemos que seguir avanzando en el desarrollo minero como principal actividad productiva y en ese contexto este proyecto esta iniciativa a generar cerca de 600 puestos de trabajo, por eso lo apoyé”.
En tanto Javier Vega, vicepresidente de la comisión, quien se abstuvo de votar, argumentó que la mayoría de estos proyectos no tienen una claridad sobre el impacto que estos tienen en los territorios, aunque en esta iniciativa si hubo observaciones.
“En este proyecto la municipalidad de Vicuña, a través de su departamento de Medio Ambiente, generó algunos cuestionamientos, porque el proyecto no deja claro sobre los impactos ambientales que tendría en el territorio. Lo interesante seria que esto pueda ser replicado por otros municipios y que esa información pueda llegar con antelación al Consejo Regional. Eso fue lo que me llevó a abstenerme de votar este informe, porque creo que no están todos los antecedentes y porque finalmente, este tipo de iniciativas provocan daño en los territorios”.
El Estudio de Impacto Ambiental
Cabe consignar que el informe del Estudio de Impacto Ambiental incorporó nuevos antecedentes sobre la susceptibilidad de remoción en masa y obras de mitigación en las instalaciones ante riesgos naturales, formulados por el municipio de Vicuña.
Según los nuevos antecedentes, el proyecto es compatible territorialmente con el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Elqui, condicionado y restringido al Estudio de Riesgo Específico y medidas de mitigación aprobadas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA ) y coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) vigente, siendo condición que al final del proceso de evaluación ambiental, el proyecto de cumplimiento a toda la normativa sanitaria, ambiental y de prevención de riesgos ante desastres.
