La acusación maneja de hipótesis de un perjuicio superior a los $25 millones con cargo al erario público por los presuntos ilícitos que habría incurrido la máxima autoridad regional, en calidad de autora y en grado consumado. De acuerdo al abogado de los cores, Mario Zumelzu, el mismo que interpuso un requerimiento por notable abandono de deberes al Tricel, podría acarrar que Naranjo sea inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Mediante un escrito de cinco páginas, la totalidad de los consejeros regionales suscribieron una dura acción legal contra la gobernadora Regional, Krist Naranjo, que se cristalizó esta semana con una querella por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La medida ya había sido anunciada en marzo pasado, luego que la totalidad del cuerpo colegiado, presentaran un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) por un supuesto notable abandono de deberes.
En ambas acciones, los consejeros regionales están siendo representados por el abogado Mario Zumelzu, pero en esta última se maneja la hipótesis de un perjuicio superior a los $25 millones con cargo al erario público por los supuestos ilícitos que habría incurrido la máxima autoridad regional, en calidad de autora y en grado consumado.
“La querellada ha incurrido en variadas conductas tipificadas como delito en nuestra legislación Penal. En primer término, ha actuado en contravención al artículo 235 del Código penal al transgredir las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 799 de 1974 referido al uso indebido de vehículo fiscal”, sostuvo.
En efecto, luego de un informe de fiscalización del Consejo Regional, el funcionario Eduardo Torres, conductor asignado a la autoridad, de fecha 27 de abril de 2022, dirigido al jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, manifestó uso indebido de vehículo fiscal. Entre las denuncias planteadas se encuentra órdenes para acudir a compras de medicamentos; concurrir a domicilio de la gobernadora a buscar medicamentos olvidados; traslado de Naranjo a citas médicas, al supermercado, tiendas a centros comerciales, incluso al hijo de la autoridad, en forma reiterada, al supermercado y la universidad.
Ello, incluyó también participación en cierre de campaña presidencial y al plebiscito en vehículo fiscal a la comuna de Monte Patria. Torre, indicó el documento, no solo fue reprendido, sino trasladado y finalmente desvinculado por orden de la Gobernadora.
Junto a ello, a juicio de los consejeros existe también conductas constitutivas de delitos referido a la realización de viajes internacionales, faltando programa, agenda, invitaciones, informes de cometidos y reiterados cambios de vuelos.
“Hasta ahora no se conoce detalle alguno de esos viajes, ni de su utilidad y tampoco de las reales actividades realizadas en el extranjero, y la duración real de las mismas y el verdadero motivo del por qué se alargaron las estadías, pese a las reiteradas solicitudes, particularmente de las rendiciones de gastos de los mismos”, sostuvo Zumelzu.
Por otro lado, el documentó solicitó que se cite a declarar a la gobernadora y que se proceda a la incautación voluntaria, o si es necesario con la previa autorización del Juez de Garantía, del o los computadores y del o los teléfonos celulares de la querellada.
Tras concretar la acción, Cristian Rondanelli, consejero regional por el Choapa, sostuvo que “la querella es parte del proceso que hemos llevado a cabo los consejeros regionales desde el mes de marzo, una de las aristas es malversación de caudales públicos y la otra es fraude al fisco”.
Por su parte, Marcelo Castagneto, consejero regional del Elqui, explicó que “el objetivo tanto del requerimiento al TRICEL como la querella busca dejar claro considerando que la gobernadora y su defensa han dicho que son cosas menores, ni que hay fundamentos, además del notable abandono de deberes como autoridad regional, quien lamentablemente ha demostrado incapacidad para liderar un organismo tan complejo como el Gobierno Regional”.
“Estamos atrasados en inversiones, en proyectos que ella debería haber liderado junto con su planificación en conjunto con el delegado presidencial, y aquí estamos hablando de obras públicas, educación o en salud… Estamos estancados, ese es el problema y es responsabilidad de ella como gobernadora”, añadió.
La gobernadora Krist Naranjo está siendo representada por Isidro Solís, quien se desempeñó como ministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, quien además es militante del Partido Radical y actual integrante de Amarillos por Chile. Solís además asumió la defensa de una acusación similar ante el TRICEL que pesa sobre el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, entablada por unos concejales.
