Patricio Bacho, secretario de la Corporación, dice que está dispuesto a colaborar y entregar información para aclarar el tema: “estamos sometidos a procesos permanentes de fiscalización, ya sea a través de la Contraloría y la Superintendencia de Educación”.
Llegaron hasta la Contraloría Regional de La República para pedir una intervención… una investigación. Un grupo de concejales de La Serena ingresaron un requerimiento de fiscalización contra la Corporación Gabriel González Videla (GGV) por la deuda previsional que se mantiene con el gremio docente de la capital regional, la que llegaría a los $9 mil millones.
Desde la corporación sostienen que estar disponibles “para entregar la información que se nos solicite”. Sin embargo, los concejales perdieron la confianza.
La situación que se viene arrastrándose por años e involucra a distintas gestiones edilicias, sostienen. “Queremos una investigación externa, pero de un organismo del Estado porque buscamos información real y verídica de lo que sucede en relación a la deuda que esta corporación mantiene hace años con los profesores”, sostuvo la encargada de la Comisión de Educación del Concejo Municipal, Rayen Pojomovsky.
El secretario general de la corporación GGV, Patricio Bacho, respeto a este nuevo requerimiento, señala que “como corporación municipal que administra fondos públicos en las áreas de educación, salud, cementerios y atención al menor con nuestros jardines infantiles, estamos sometidos a procesos permanentes de fiscalización, ya sea a través de la Contraloría, la Superintendencia de Educación o el Servicio de Salud, por poner un ejemplo, a quiénes respondemos por esta u otra materia que se nos consulte”.
Respecto a lo realizado por los concejales agrega que “se ajusta a las facultades que ellos tienen”. Y precisa: “la semana pasada estuvimos presentes en dos comisiones creadas por los miembros de la propia bancada y el resto del concejo municipal, donde expusimos, por una parte, el estado de la deuda previsional en el área de la educación y, por otra, todas aquellas gestiones de saneamiento financiero que estamos ejecutando”.
Por lo pronto, asegura Bacho que “seguiremos participando junto a los concejales, concejalas y las propias directivas de los gremios de la educación de manera participativa y abierta, pues hemos reiterado que estamos disponibles para entregar la información que se nos solicite, pero fundamentalmente y como lo ha dicho el alcalde Roberto Jacob, enfocados en encontrar soluciones de carácter permanente frente a este problema, que concita el interés de la comunidad y el propio concejo”.
Con la firma de Pojomovsky y Daniela Molina, esta última como secretaria de la comisión de Educación, se hizo ingreso de la solicitud. Y si bien se habla de nueve mil millones de pesos adeudados con los docentes, añaden que “no sabemos en realidad la deuda que existe con los asistentes a la educación, por ejemplo, o en relación a los seguros”, sostuvo Rayén.
Por cierto, reconoció que hace rato se vienen desarrollando solicitudes para saber el monto exacto “y como no se ha recibido ninguna respuesta, asumimos que era necesario venir a una entidad externa para que se pueda tener una real información, por cuanto la que se nos ha entregado ha sido bastante vaga. Es más. Creo que ni los docentes, ni los asistentes manejan realmente el monto total de la deuda, que viene hace muchos años…”.
