Recurso de reclamación será preparado -al igual que en instancias anteriores- por el estudio jurídico Ferrada Nehme, especialista en este tipo de controversias, y será es liderado por el abogado Patricio Leyton. Proceso en el tribunal ambiental podría tardar un año.
El Comité de Ministros liberó el acta que fundamentó su rechazo -unánime- durante la votación del 18 de enero contra el proyecto minero-portuario Dominga, un paso esperado para los controladores de la iniciativa, la empresa de capitales nacionales Andes Iron, puesto que dicha información servirá para establecer la tesis que presentará durante su anunciada reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA).
Para ello, la sociedad conformada por las familias Délano Méndez y Garcés Silva acordaron un aumento de capital por US$15 millones, recursos que servirán para mantener sus operaciones durante este año, donde prevén no solo exponer su apelación ante la corte especializada de justicia, sino que además para mantener sus operaciones en La Higuera y Coquimbo, espacios donde realizan su relacionamiento comunitario.
Se estima que el trámite en el tribunal ambiental puede tardar más de un año, puesto que considera las presentaciones de las reclamaciones de las partes principales, los terceros coadyuvantes y la preparación de audiencias necesarias para los alegatos. Incluso, se generan otras instancias como visitas inspectivas que realizan los jueces, en caso de ser necesario.
La reclamación de Andes Iron es elaborada por el estudio jurídico Ferrada Nehme, especialista en este tipo de controversias, y -al igual que en los procesos anteriores- es liderado por el abogado Patricio Leyton.
ACTA DEL COMITÉ
En agosto del 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo otorgó la licencia ambiental para construirse y operar, situación que ocasionó la presentación de 26 recursos de reclamación ante el Comité de Ministros. Dicha instancia fue deliberada por secretarios de Estado de la administración de Gabriel Boric, quien en su campaña para llegar a La Moneda y en primer discurso tras triunfar en las elecciones presidenciales, manifestó su oposición a la ejecución del proyecto.
Según el acta del Comité de Ministros, doce recursos de reclamación fueron admitidos a trámite, todos solicitaban la calificación desfavorable, alegando que no se consideraban sus observaciones en materia de medio marino, áreas protegidas, medio humano, recurso hídrico, valor turístico y emisiones atmosféricas.
De acuerdo al acta, el análisis técnico del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a partir de los informes técnicos que solicitó la directora Valentina Durán, quien además es la secretaria Ejecutiva del Comité de Ministros, concluyó que el proyecto no consideró la condición más desfavorable del diseño del sistema de reinyección que asegure la no afectación del recurso hídrico, además de la insuficiencia de la líneas de base, por no fundamentar la no significancia del aporte del material particulado sedimentable y no considerar las emisiones atmosféricas para el análisis de los recursos involucrados.
En esa argumentación, también consideraron faltas en la línea de base marino, toda vez que existe la incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos, que, en consecuencia, afectaría las áreas de manejo de recursos bentónicos.
Para los secretarios de Estado tampoco se entregó una determinación y justificación del área de influencia, generando inconsistencias en la evaluación de impactos y establecimiento de medidas de seguimiento al medio marino y sus especies, como el pingüino de Humboldt, cetáceos, chungungos, entre otros.
Para Andes Iron, en tanto, el Tribunal Ambiental de Antofagasta revertirá lo resuelto, ya que consideran que es la “instancia que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad”.
El proyecto Dominga se localiza en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo, y considera una inversión de US$2.500 millones para construcción y operación de instalaciones para extraer, procesar y exportar 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de cobre como subproducto. Éstas últimas tendrán salida por el puerto de Coquimbo.
Se estima que durante los dos primeros años podrá generar hasta 10 mil puestos de trabajo directos, y mantendrá una dotación de 1.500 personas durante los 22 años de operación.
