Durante años en prensa hemos escrito sobre mal uso de recursos públicos y de desproporcionados gastos de los cuales finalmente nadie se hace responsable. Es parte de la tarea de la prensa estar atentos a fiscalizar los actos públicos y ser básicamente escépticos de las decisiones que comprometan recursos públicos.
La razón es simple, se trata del dinero de todos. Es el dinero que pagamos con nuestros impuestos, porque el principal generador de riqueza no es el Estado, somos los contribuyentes, que con el fruto de nuestro esfuerzo colaboramos (por obligación legal y bajo riesgo de sanción) a este “fondo común”.
En nuestra región mensualmente y desde hace muchos años se aprueban proyectos que constituyen una danza de millones, que si bien cuentan con respaldo de proyectos de ingeniería y resoluciones de diverso tipo, a ojo de buen vecino pareciera que no se condicen con la realidad financiera y social en la que vivimos. El mercado del Mar y el edificio Consistorial de Coquimbo, por ejemplo. O proyectos como el de la plaza inclusiva que se construirá en el barrio San Joaquín de La Serena y que costará nada más y nada menos que $3.880millones. Un parque. Plano. Pasto. Luces. Y sin incluir el terreno, que es de propiedad fiscal. Reposiciones de colegios, instalaciones de sistemas de agua, construcción de edificaciones públicas. Hacer caridad con dinero ajeno no tiene mucho mérito. Al contrario, exige el máximo cuidado y diligencia.
Y es que como nos hablan de miles de millones, muchos nos perdemos con tanto cero. Pero incluso más allá del costo, que puede estar muy bien justificado, hay criterios de oportunidad y de prioridad, que implican buena gestión.
En nuestro país no debemos perder la capacidad de asombro, como en Argentina o Brasil, donde el caradurismo es cotidiano. En nuestro país debemos exigir que los actos públicos sean transparentes, y que se sometan a todas las pruebas de blancura necesaria, incluida la “licencia social”. Esa misma que se exige a las empresas privadas para desarrollar los proyectos, y que deben contar con un permiso tácito o expreso de la comunidad en la que se instalan. Y mucho más aún en el caso de los recursos públicos, porque al final de cuentas es dinero ajeno, es dinero de todos.
Victor H. Villagrán
Director Semanario Tiempo
