Una querella criminal en contra del ex-alcalde Marcelo Pereira y de todas las personas que sean responsables de los eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco presentó el Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, durante la jornada de este martes 17 de agosto en el Juzgado de Garantía de la ciudad-puerto.
Manouchehri detalló que la presunta malversación de fondos públicos tiene relación con fondos redestinados desde los ingresos de la ley de Subvención Especial Preferencial (SEP), mientras que la investigación por fraude al fisco con “contrataciones fantasmas”, entre otros ítems. “Hoy principalmente tenemos que esclarecer en qué se destinaron los recursos, cómo se utilizaron y por supuesto, qué podamos determinar los eventuales responsables de la grave crisis que atraviesa el municipio de Coquimbo…”
Para Manouchehri, el panorama es complejo, debido a la gran cantidad de proveedores a los que se les adeuda sus servicios. “Nos seguimos encontrando con millones de proveedores a los que se les adeudan millones de pesos. Hemos hecho público acerca de una deuda gigantesca del municipio cuando hablábamos de un proyectado a diciembre de 40 mil millones… Ya estamos en 40 mil millones y esto puede seguir aumentando”, aseverando que ya se trabaja para el desarrollo de una auditoría forense.
Pablo Galleguillos Carvajal, abogado asesor de la casa consistorial, señaló que “estos delitos se configuran por la participación directa que le compete al ex alcalde, al ordenar y autorizar el traspaso de fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial y también de las cuentas del departamento de Salud a las cuentas ordinarias del municipio para la gestión interna de la institución, en acciones como pago de remuneraciones, viáticos y a proveedores, además del arriendo o inmueble destinado para el ex Alcalde”.
Agregó que la acción de malversación de caudales públicos se relaciona con el de fraude al Fisco principalmente en materia de recursos humanos “por el pago de honorarios a personas que jamás ejecutaron sus servicios, que se han denominado funcionarios fantasmas, como también aquellos funcionarios que han presentado una doble contratación, ya sea de planta o contrata y, además, una contratación mediante la modalidad de servicios a honorarios. También se hizo el pago de horas extraordinarias a personas que no tenían el registro de haberlas ejecutado, e incluso la adulteración maliciosa del reloj control que permite determinar el monto a pagar por estas horas extraordinarias”.
Entre las sanciones que están asociadas a este tipo de delitos, dijo Galleguillos, existe la suspensión o inhabilitación para ejercer cargos públicos “y eventualmente, dada la gravedad y la reiteración de los hechos denunciados eventualmente el tribunal podría determinar alguna pena privativa de libertad”.
