La gran mayoría de los organismos se han manifestado conformes a la evaluación de la iniciativa, salvo los duros reparos de CONAF, y expresan que el titular Andes Iron (dueños de Dominga) ha proporcionado los antecedentes.
Tal como lo ha mencionado Semanario Tiempo en sus ediciones anteriores, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, solicitó una serie de informes a 10 organismos públicos, quienes deben proporcionar los antecedentes “adecuados y suficientes” para que el Comité de Ministros revise el proyecto minero-portuario Dominga.
Ello, en marco de las 26 reclamaciones que entregaron diversas organizaciones de pescadores y particulares que impugnan la aprobación ambiental del proyecto de hierro, esgrimida por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo en 2021, y posterior al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó definitivamente los recursos de casación en su contra.
Durán -quién actuará como secretaria ejecutiva de la instancia ministerial- requirió antecedentes a la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio de Desarrollo Social; el Servicio Agrícola Ganadero (SAG); el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur); la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y las subsecretarías de Medio Ambiente, Salud, y Pesca y Acuicultura. Luego, solicitó lo mismo a Conaf y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lo propio.
Trascurrido el tiempo la autoridad ambiental ha recibido los informes de los organismos públicos. La primera entidad en responder al requerimiento fue la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante el pasado 10 de junio. Aquí la entidad liderada por el vicealmirante y director general de la entidad Carlos Huber Vio, respondió de forma neutral que “esta autoridad marítima emitió su pronunciamiento basándose en la idoneidad y suficiencia técnica, conforme a la normativa ambiental que regía al momento del ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la directora Ejecutiva del SEA, Valentina Durán preguntó: “si durante la evaluación ambiental del Proyecto se aportaron los antecedentes adecuados y suficientes para evaluar los impactos contemplados (…) si en la estimación de la calidad del aire y el cumplimiento normativo del Proyecto”. Ante las consultas el SAG manifestó -el 30 de junio- que dio su conformidad “condicional”, por tema relacionado con colisión y electrocución de aves, y, por seguimiento y monitoreo de atraviesos para animales de baja movilidad, los cuales, no tienen relación con la consulta realizada. De acuerdo a los antecedentes expuestos, a juicio de este Servicio, las respuestas entregadas por el titular a las observaciones del SAG, en las distintas etapas del proyecto, son satisfactorias, por cuanto, se acompañan los antecedentes suficientes y, la evaluación se realiza considerando todos los componentes que pudiesen ser afectados por la construcción y operación del proyecto, considerando, además, la sinergia entre ellos.
El pasado 14 de julio, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) valoró las compensaciones anunciadas por Andes Iron, asegurando que cumplían con su objetivo y son usadas de manera tradicional. Esto en relación a la barrera de burbujas con el que pretende mitigar el impacto sonoro sobre cetáceos en la etapa de construcción del muelle de Dominga. “El Servicio considera la cortina de burbujas como un método efectivo para lograr la disminución de entre 5 a 20 decibeles de sonido submarino, y que es una medida muy utilizad por proyectos con impacto sonoro en el medio marino”, acotó el director nacional (s) de Sernapesca Fernando Naranjo en su oficio.
Un día después, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) también destacó las medidas que prometió el titular de Dominga. Sobre el valor paisajístico calificado como alteración de la calidad visual del paisaje en caleta Totoralillo Norte (Sector Totoralillo) por la operación del Terminal de Embarque, el titular propuso la medida de amortiguación vegetacional en límite de la propiedad industrial en sector Totoralillo que generará una continuidad visual de naturalidad en el sector donde se emplazará el Terminal de Embarque. “Esta barrera permanecerá durante toda la vida útil del Proyecto. De igual forma el titular propuso las medidas de aporte hídrico a la vegetación en sector de devolución subsuperfical de agua e instalaciones de colores integradores del paisaje”, destacó Beatriz Román, directora Nacional (s) de Sernatur.
Una opinión diametralmente distinta tuvo la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El 7 de julio manifestó su total rechazo al proyecto Dominga. Su respuesta consideró un informe técnico que se extendió por 85 páginas. Aquí Conaf manifestó su “inconformidad de manera sostenida durante el proceso de evaluación ambiental, ya que -a su parecer- no se consideraron las observaciones respecto del ámbito marino, y sus especies protegidas, por considerar, a nuestro parecer de forma errónea, que dichas materias excedían nuestras competencias”.
“Esta Corporación de manera consistente y sistemática informó y fue clara respecto del incumplimiento a la normativa ambiental y sectorial vigente, tanto en el ámbito marino, respecto de los objetos de protección de la Reserva Pingüino de Humboldt, como en el ámbito terrestre y la afectación a la vegetación y especies protegidas. Por lo que, a criterio de esta Corporación, las insalvables deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, no permitieron realizar una evaluación ambiental a la altura de la importancia del territorio que se pretende intervenir, dadas sus particularidades y fragilidad, así como de los objetos de conservación que en él existen”.
El 24 de octubre el Ministerio de Salud emitió un reporte al Comité de Ministros en el que cuestionó la temporalidad de los informes elaborados por el titular para validar que cumple con las exigencias ambientales. Según el Minsal, el proponente concluyó que las emisiones atmosféricas del proyecto, sumadas las del proyecto Puerto Cruz Grande, no introducirían cambios significativos en la calidad del aire en el área de influencia. Sin embargo, en el informe el Minsal reconoce que esta información no fue requerida al titular durante la etapa de evaluación del proyecto.
El pasado 2 de junio, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció públicamente que el proyecto minero portuario Dominga sería votado por el Comité de Ministros “hacia fines de año”.
Dos días antes de la emisión del informe del Minsal, la Dirección General de Aguas contestó un requerimiento de información planteado por la directora Ejecutiva del SEA, Valentina Durán.
En su informe el director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas, Rodrigo Sanhueza, concluyó que “tanto los protocolos de acción como los indicadores comprometidos son idóneos y suficientes para el control de las aguas subterráneas de la Quebrada Los Choros, cumpliendo con el objetivo para el cual fue elaborado dicho plan; siempre cuando los puntos comprometidos monitoreen, en la mayoría de los casos, la misma unidad hidrogeológica que los pozos de reinyección”.
Anteriormente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura determinó que todas las obras del proyecto estarían emplazadas en la bahía Totoralillo Norte, zona donde coexistirían actividades bajo protección como poblaciones estables de Chungungos y Pingüinos de Humboldt, además de áreas de manejo que serían susceptibles de daño ambiental. Junto a ello, agregó que se debían establecer análisis a las posibles nuevas rutas de navegación de las 56 embarcaciones anuales que operarían, añadiendo que se debe descartar “expresamente” el posible tránsito por la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt.
En el escrito, se precisa que dichos requerimientos fueron complementados por el titular con actualizaciones de la línea de base marino y la predicción de impactos, manejos ambientales, y planes de vigilancia, contingencia y emergencia.
A mediados de año, la Subsecretaría de Servicios Sociales (del Ministerio de Desarrollo Social) envió el oficio Nº 2064, sin embargo, alertó de problemas en la casilla electrónica del SEA, por lo que la información no se encuentra disponible en el expediente. Así tampoco la respuesta de la Subsecretaria del Medio Ambiente.
