Además, señala que no sabe la razón por la que esta operación se realizó en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes Británicas, ya que este hecho no habría implicado ventajas tributarias. También participó la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Claudia Martínez: “Conaf se pronunció con observaciones, lo que no implica que como SEA seamos simplemente un buzón”.
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, acudió, este jueves 21 de octubre, a la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que analiza la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, por la venta del proyecto minero-portuario Dominga, en paraísos fiscales.
Si bien hubo elementos a los que no pudo referirse, argumentando que forman parte de la reserva tributaria actual, entregó datos respecto a averiguaciones que se hicieron en el año 2017, y antes de esa fecha.
Entre estos antecedentes, destaca que la operación se realizó en dos etapas. La primera fue una venta directa efectuada en Chile, mientras que la segunda fue una venta indirecta que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
En su exposición ante los parlamentarios, Barraza aclara que la operación de la familia Piñera Morel en las Islas Vírgenes Británicas “cumplió con la normativa tributaria de aquel momento en nuestro país”.
“Vemos que se aplica el Artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente a la época, donde al percibir el contribuyente chileno, la renta de fuente extranjera, esta es reconocida para los fines tributarios y por lo tanto, se cumple con las obligaciones tributarias correspondientes en base a la norma vigente”, detalla Barraza ante la comisión parlamentaria.
Tras la revelación de los Pandora Pappers, se conoció que la familia Piñera Morel vendió la empresa minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, y lo hizo en las Islas Vírgenes Británicas. Además, se conoció una cláusula que estaba relacionada con que se cumplieran ciertas condiciones de protección para la zona costera de La Higuera, área donde prevé Andes Iron, titular de Dominga, emplazar el proyecto.
La acusación constitucional busca remover a Piñera del cargo, ello luego que el Ministerio Público abriera una investigación para determinar una eventual responsabilidad penal del jefe de Estado en la venta de la empresa.
Martínez
Al inicio de la sesión, se leyeron las excusas de Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés, ex ministros de Economía y Hacienda, respectivamente que renunciaron cuando el Comité de Ministros, presidido por el ex titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, rechazó la iniciativa portuaria, lo que generó un escándalo durante el gobierno de Michelle Bachelet . El ex delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman, solicitó asistir la próxima semana.
Pero la jornada de la tarde, el grupo parlamentario recibió a la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo, Claudia Martínez, oportunidad donde agrega que en la ocasión hubo modificaciones al proyecto que implicaron tres instancias de participación ciudadana, donde se expusieron preocupaciones e inquietudes sobre el proyecto, que tenían que ver con emisiones atmosférica, transporte de material y otros.
Reitera, además, que durante el análisis del proyecto se revisaron los mismos antecedentes, por lo que la decisión técnica sobre este se mantuvo. “En este caso lo único que se cambió fue la decisión política”, acotó. Asimismo, menciona que el proyecto se retrotrajo y no hubo ningún otro antecedente nuevo. “El informe es el mismo consolidado del año 2017, donde participaron 27 servicios de la región de Coquimbo. (…) Por eso lo volvimos a llevar con la misma recomendación de aprobar”.
Martínez insiste que la recomendación era aprobarlo, porque cumplía con toda la normativa ambiental aplicable. “El Tribunal en ese momento acogió todas las recomendaciones que como SEA le hicimos de aprobarlo”.
Consultada sobre una eventual incidencia del Presidente Piñera, la personera sostiene que no hubo, debido a que es una evaluación técnica. “Somos un servicio técnico y no tenemos ninguna posibilidad de sobrepasar lo técnico al momento de poder resolver un informe consolidado de evaluación”.
La directora regional del SEA fue consultada, además, por el informe de Conaf sobre el proyecto Dominga. Respecto a este aclara que se identificaron los impactos significativos, se propusieron medidas y acordaron condiciones para que el titular pudiese cumplir su proyecto.
“Conaf se pronunció con observaciones, lo que no implica que como SEA seamos simplemente un buzón (…) Nosotros también tenemos profesionales que evalúan y el proyecto quedó con una serie de observaciones a cumplir”, puntualizó.
Claudia Martínez sostuvo que el Servicio tiene diferencias técnicas con Conaf, las que quedaron plasmadas en el proceso de evaluación y establecidas como condiciones para que el proyecto pudiese ejecutarse.
Economía
Pero, la tercera jornada de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera comenzó con el Subsecretario de Economía, Julio Pertuzé. Su exposición se centró en explicar la creación y el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) desde julio de 2018. Anteriormente, abogados ambientalistas criticaron en la comisión el funcionamiento de la Oficina GPS, que tuvo entre sus prioridades al proyecto portuario minero Dominga.
El subsecretario explica que esta oficina reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro Inversión. Detalla que la oficina crea instancias de coordinación entre los servicios de Estado y los titulares de los proyectos. Además, mantiene un listado actualizado de proyecto de inversión y monitorea el proceso de autorización.
En su exposición, Pertuzé aclara que los procesos de evaluación o rechazo de los proyectos corresponde exclusivamente a los órganos y servicios competentes por ley. Asegura que en la oficina “no hay ninguna priorización” y explica que sólo se comunican los proyectos más grandes, pero que también trabajan con pymes.
Consultado sobre el proyecto Dominga, menciona que no hubo ningún trato especial y que el Presidente “no incidió en ningún proyecto que monitoreado por la Oficina GPS”. Así también, garantiza que los mandantes del proyecto Dominga no se han comunicado en ninguna ocasión con el Ministerio de Economía.
