Polémica por la compra de una serie de predios en el sector de San Ramón por $9.800 millones, representada en cuatro oportunidades por la Contraloría General de la República, terminó con la salida inmediata de la ex intendenta Lucía Pinto y aún existe una investigación desformalizada en la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía regional de Valparaíso, donde además participa el Consejo de Defensa del Estado como querellante.
Un total de 13,2 millones de pesos es el costo que incurrirá el Gobierno Regional de Coquimbo para contratar los servicios del ex fiscal Carlos Gajardo. Ello para representar al organismo regional ante las diligencias que puedan establecerse en torno al bullado caso Papaya Gate.
La adquisición de los servicios profesionales del reconocido abogado -protagonista en el destape de los millonarios delitos tributarios para financiar campañas políticas ligadas a las empresas SQM y Penta- se realizó bajo la modalidad de “trato directo”, a solicitud de la gobernadora Krist Naranjo, al estudio jurídico Gajardo Norambuena.
Por medio de aquello, se busca que Gajardo colabore en acelerar los procesos judiciales en la compra de un terreno por $9.800 millones para un complejo deportivo durante la administración de la ex intendenta Lucía Pinto, pese a que el monto duplicaba los valores de tasaciones y las cuatro representaciones que esbozó la Contraloría General de la República, que no lograron frenar la adquisición de los predios en el sector San Ramón.
Para ello, la primera autoridad regional solicitó a Gajardo, que acelerara la investigación de este caso. “Debemos dar una clara señal a la ciudadanía que debemos efectuar un gobierno transparente”, afirmó la gobernadora Naranjo, quien agregó que “como nuevo gobierno regional es importante clarificar hechos que han sido de investigación y que han causado bastantes problemáticas en cuanto a los fondos y administración de estos recursos públicos. Es por esto el compromiso que tenemos. Ya desde el mes de febrero estamos muy contentos de poder contar con el trabajo de Carlos Gajardo para poder avanzar en estas investigaciones que no han tenido todavía resultados”.
Por su parte, Carlos Gajardo, dijo que “queremos trabajar y colaborar con los procesos investigativos que se están llevando adelante. Hay diversos hechos de corrupción que están hoy día siendo investigados. El más grave es el que se conoce como el Papaya Gate, es decir, la compra de un terreno en más de 9.800 millones de pesos, cuando las tasaciones lo indicaban que ese terreno no costaba más de 4 mil millones. Hay ahí un hecho que debe ser investigado. Hay una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco por este exceso de dinero pagado que, por supuesto, es un indicio muy grave e importante de corrupción, y nuestros esfuerzos estarán orientados en que las personas que están involucradas en estos hechos sean sancionadas y que los dineros que se han obtenido de mala manera puedan ser recuperados por el Estado”.
Cabe recordar que en la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía regional de Valparaíso se encuentra una causa desformalizada contra Lucía Pinto, luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, encargara las diligencias a la persecutora porteña Claudia Perivancich, una vez que el Contralor Jorge Bermúdez le entregara los antecedentes del Papaya Gate.
En tanto, la gobernadora Naranjo junto al abogado Carlos Gajardo, el lunes 28 de febrero tuvieron una reunión online con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que esclareció algunos temas y dudas sobre el estado de avance del caso “Papaya Gate”, además de mostrarse muy dispuestos en acoger los nuevos antecedentes que ya se hicieron llegar. El CDE mantiene una querella criminal por eventuales delitos de fraude al fisco, no solo contra la ex intendenta Lucía Pinto, sino también al ex Administrador Regional, José Cáceres, y el ex jefe de la Unidad Jurídico, Eduardo Espinoza. Según el organismo, los tres incumplieron dolosamente los deberes de sus cargos, logrando adquisiciones mediante trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados.
En este caso, el Gobierno Regional, en su calidad de víctima y en un primer aporte como medios de prueba para el esclarecimiento de los hechos, puso a disposición la lista de testigos que conocen aspectos internos del proceso administrativo, a través del cual se habría generado la inversión de manera fraudulenta y perjudicial de los recursos públicos administrados por el Gobierno Regional (GORE).
Actualmente el Gobierno Regional cuenta con cuatro abogados. Sin embargo, el GORE considera que “nuestros abogados no tienen expertise en temas legales sino administrativos. Como lo requiere el servicio”.
“Nuestro principal objetivo es requerir asesoría jurídica externa para más transparencia. Este servicio del ex Fiscal del Ministerio Público y abogado, Carlos Gajardo, quien es reconocido por llevar adelante emblemáticos casos de corrupción en el país, obedece a la necesidad de darle celeridad a eventuales delitos que se cometieron bajo la administración de la ex intendenta Lucía Pinto y que nosotros, lamentablemente, tenemos que pagar los costos y hacernos cargo por medio de las vías legales, para enmendar el gravísimo error, aprobados por el actual Consejo Regional de Coquimbo”, sostuvieron desde el edificio de la calle Prat.
Agregaron que “tenemos los servicios y la voluntad de uno de los mejores abogados del país, con un contrato acorde a los valores del mercado, para atender el peor caso de corrupción en la historia de la región”.
