Consejeros regionales anunciaron la creación de una comisión para investigar los traspasos a la Fundación Buenas Raíces por unos $100 millones. En tanto, la máxima autoridad puede apelar al dictamen de Contraloría hasta el 29 de este mes.
Días complejos atraviesa la gobernadora de la región de Coquimbo, Kristi Naranjo, luego que la Contraloría la suspendiera por tres meses en el cargo y la reducción del 50% de su sueldo por mal uso de vehículo fiscal. Ello, en medio de graves acusaciones y cuestionamientos de algunos consejeros regionales por traspasos de recursos a una fundación.
Naranjo fue acusada de ordenar a los conductores de los vehículos fiscales que la trasladaran a efectuar actividades de carácter particular en centros comerciales, supermercados, clínicas y al colegio donde sufraga. Estas faltas se cometieron los años 2021 y 2022.
Para la Contraloría, estas acciones constituyen una falta a sus obligaciones contempladas en el artículo 61 de la Ley N° 18.834 del Estatuto Administrativo, que establece que los funcionarios deben observar estrictamente el principio de probidad administrativa.
La máxima autoridad regional tiene hasta el 29 de agosto para poder apelar a la Contraloría.
En medio de aquello, se le responsabiliza por el traspaso de $100 millones a la Fundación Buenas Raíces por una iniciativa de la especialidad de la gobernadora: la permacultura. De acuerdo al consejero Cristián Rondanelli, dicha iniciativa debió concluir el pasado mes de junio, pero a la fecha no tiene más de un 9% de ejecución.
Por ello, la consejera Paola Cortés anunció que el cuerpo colegiado podría concretar la conformación de la comisión investigadora para establecer el alcance de estas supuestas faltas.
A través de un comunicado, Naranjo lamentó las declaraciones “mal intencionadas de algunos consejeros regionales” respecto a los procesos en la ejecución sobre proyectos de interés regional que financia el Gobierno Regional de Coquimbo. También manifestó tajantemente “que no hay ningún hecho de corrupción similar al caso convenios” con ninguna fundación.
“Aclaramos que todo proyecto de interés regional cuenta con un instructivo aprobado por Contraloría y el Consejo Regional. También tenemos el reglamento de postulación de interés regional aprobadas por el CORE. Es importante señalar que todo proyecto es revisado y aprobado por una Comisión Evaluadora integrada por representantes del Gobierno Regional, Consejo Regional y servicios sectoriales”, explicó Pablo Riveros, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano (DIDESO)
En el caso del proyecto ejecutado por Fundación Buenas Raíces, desde el GORE señalaron que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Evaluadora el 30 de noviembre del 2022. La comisión contó con tres participantes; una integrante miembro del gobierno regional, Pamela Olave; más un profesional asignado por el Consejo Regional de Coquimbo (CORE) Natalia Burgos y el seremi de Desarrollo Social y Familia, Eduardo Alcayaga.
