Parlamentario de la región de Coquimbo aborda el complejo escenario de la firma estatal, en medio del crudo panorama financiero de la empresa, incluso los problemas locales, luego que la empresa presentara una consulta ambiental para extender la vida útil de las instalaciones y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Planta Delta de Ovalle, la que expiró en mayo de este año.
En la edición Nº 1447 de Semanario Tiempo se informó de la crisis que atraviesa la Planta Delta de la Empresa Nacional de Minería (Enami) de la ciudad de Ovalle, que la obligó a presentar una Consulta de Pertinencia, ante la autoridad ambiental, para extender sus operaciones por dos años, luego que la vida útil de las instalaciones y su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) expiraron en mayo de este año.
La Planta Delta de Ovalle dispone de un poder de compra para más de 300 pequeños mineros de oxidados y sulfurados de cobre, oro y plata. La ampliación del plazo tiene como propósito darle continuidad a las instalaciones que comprenden la mina subterránea, las plantas de procesa-miento del mineral e instalaciones asociadas, sin que se contemple ningún otro cambio relacionado con las partes, obras y acciones de la operación actual. Desde el complejo, se extrae mineral para la producción de concentrado de cobre, con una capacidad para procesar 75.000 toneladas/mes, y la planta de lixiviación (LIX), extracción por solventes (SX) y electrobtención (EW) para la producción de cátodos de cobre, dispone de una capacidad de 400 toneladas.
“Hay que dejar claro que la situación de Enami es compleja, desde la perspectiva financiera. Tenemos que definir una política pública del fomento a la minería y lo otro tiene que ver con la sustentabilidad económica de Enami. En los últimos 15 meses, ha perdido la mitad de su patrimonio”, sostuvo Sergio Gahona, quien ha demandado respuestas a la administración de la compañía.
La empresa atraviesa por dificultades financieras y un reciente informe de Libertad y Desarrollo (LyD) concluyó que el gasto en personal más que se duplicó en un año, con pérdidas patrimoniales. Conjuntamente, el Ejecutivo decidió no prosperar en la revisión a un proyecto para la Fundición Paipote, alojada en Copiapó.
“Tenemos problemas con esa fundición, que no tiene Resolución de Calificación Ambiental respecto de las emisiones, y eso significa que el estado tiene que meterse las manos al bolsillo con varios millones de dólares, por lo menos unos US$450 a US$500 millones. Tenemos que ver si hay disposición del Estado y de todos los contribuyentes en poder aportar, y si eso es lo que requiere el país”, dijo el parlamentario.
En ese sentido, confía que la empresa debe separar la labor de fomento y operativa, junto con elevar sus estándares de transparencia, saber cómo se tratan a los pequeños mineros y mejorar los temas ambientales. “Enami, en síntesis, está muy al debe. Esto no es un problema circunstancial del actual gobierno, obviamente se ha agudizado la crisis en el actual, pero se viene arrastrando hace mucho tiempo”, dijo.
De acuerdo a Gahona, las pérdidas de la compañía se empinan en los US$78 millones y existe un constante proceso de desconfianza de los pequeños productores, respecto a, precisamente, cómo funciona el poder de compra. Otras falencias, agregó, se relacionan con su Gobierno Corporativa, el cual no solo cataloga de “eminentemente político”, pero además que no se somete al control del Sistema de Empresas Públicas.
“Esperamos que el Ejecutivo se tome en serio el tema de Enami, y con el cambio de ministra de Minería (salió Marcela Hernando por Aurora Williams) puede haber una preocupación más para Enami, y la pequeña y mediana minería”, concluyó.
