La presidenta del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), Sandra Álvarez, será la encargada de redactar cada una de las sentencias que viene tramitando la corte especializada desde septiembre del año pasado. Solo resta conocer los fallos.
Quizás el último paso para conocer el resultado de la controversia judicial por la declaratoria de Humedal Urbano en la desembocadura del río Elqui se produjo esta última semana, luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) dejara en acuerdo las seis causas abiertas que buscan revertir esa zona de protección establecida por el Ministerio del Medio Ambiente.
Las reclamaciones están interpuestas contra la cartera pública y se vienen tramitando -de forma separada- en la justicia ambiental desde fines de septiembre del 2022, tras la fijación de un polígono de 498 hectáreas resguardadas. En ellas, los demandantes individualizados con la Sociedad Agrícola Emilio Apey Hijos; la consultora Gestión y Desarrollo S.A.; Inmobiliaria La Cruz del Molino S.A.; Habita Asociaciones Inmobiliaria S.A., y los privados María Alvarado y Diego Brun.
Sin embargo, éstos dos últimos acudieron el 18 de enero del 2023 al Tribunal Constitucional por eventuales vicios s en la declaratoria, dejando la tramitación de las restantes, llevadas por el 1TA, suspendidas, hasta el pronunciamiento del organismo.
Los alegatos en el TC se produjeron en unja audiencia realizada el 22 de marzo, donde participaron los reclamantes y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), éste último en representación del Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, la resolución se dictó el 25 de abril, y un fallo dividido, el organismo resolvió que las partes no fundamentaron cómo la declaratoria provocaría una infracción constitucional, y agregó que se trata de una controversia técnico-ambiental, que deberá ser zanjada por el 1TA.
La controversia por la protección de la desembocadura del río Elqui como Humedal Urbano comenzó en 2021, luego que la Inmobiliaria ISiete decidiera levantar el proyecto Ipanema, un complejo de departamentos, algunos con subsidios, lo que provocó manifestaciones de organizaciones ecologistas, ciudadanas y el rechazo de autoridades locales, cuando la empresa comenzó a cercar el predio y otras obras civiles. Luego de eso, y tras un extenso proceso, finalmente la autoridad sectorial de Medio Ambiente configuró un polígono de protección.
De acuerdo a los antecedentes, los demandantes cuestionan la superficie que abarca el humedal y presuntos vicios del proceso, y el límite del derecho de propiedad y de su uso, goce y disposición. Junto a lo anterior, alegan que no hubo posibilidad de participar activamente en el procedimiento de declaratoria de humedal urbano y algunos reclamantes aducen una discordancia en la gestión ambiental local llevada a cabo por el Municipio de La Serena y la secretaría de Estado.
El CDE, en tanto, asumió la representación jurídica de los intereses fiscales y justificó que la Resolución Exenta N833/2022, del 25 de julio en 2022, tuvo un no solo un “correcto procedimiento en la declaratoria de Humedal Urbano, sino que una ajustada delimitación del sector”.
Solo falta conocer la resolución que adopten los magistrados Sandra Álvarez (presidenta del 1TA), Virginia Soublette y Mauricio Oviedo. En tanto, Álvarez se encargará en la redacción de cada sentencia.
