La implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP, trae consigo importantes y positivos desafíos para nuestro país. De partida, en la forma en que las empresas gestionan sus propios productos, a los que ahora tendrán que agregar un costo adicional fijo que implica hacerse responsable directa o indirectamente de recolectar los residuos que se generan en sus procesos productivos y en la venta final de sus productos a los clientes.
Esto sin duda fortalecerá la búsqueda de productos biodegradables, a granel, o en envases de mayor tamaño, de tal forma de reducir la cantidad de desechos finales. En esto habrá una motivación económica directa, que se medirá en flujos de caja y estados financieros.
También se abre una gran oportunidad para emprendedores dedicados al reciclaje y tratamiento de residuos, que se convertirán en un rubro fuerte, más que necesario, indispensable, y que tendrá sin lugar a dudas un desarrollo vertiginoso en los próximos años. Desde el aceite, botellas, vidrio, plástico, neumáticos, desechos orgánicos, restos de procesos, tendrán ahora la obligación de pensar en soluciones amigables con el medio ambiente y probablemente abra puertas a nuevos desafíos, creaciones e innovaciones productivas que hoy ni siquiera podemos imaginar.
Sin embargo, esta ley también puede tener un doble filo, y este es el desincentivo al cambio de mentalidad ciudadana. Esta conciencia que se ha estado poniendo en marcha en los últimos años, en que voluntariamente miles de personas lograron cambiar sus costumbres cotidianas y darse el tiempo de seleccionar, ir a dejar al reciclaje, elegir productos por sus características medioambientales. Ahora quizás no haya incentivo suficiente, puesto que ahora la responsabilidad “es de otro”. “Ellos tienen la obligación”, puede ser la respuesta actual.
Es de esperar que esta nueva ley traiga aparejado una mayor conciencia ambiental, voluntaria, desinteresada, enfocada en el bien común.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
