A Santiago se trasladó la pugna por la viabilidad del proyecto de Andes Iron, con entrega de cartas a ministerios solicitando su concreción y reuniones exigiendo a La Moneda rechazar la iniciativa privada que se aloja en la comuna de La Higuera. Aún no está la tabla definitiva que resolverá su futuro, a casi nueve años de larga tramitación ambiental.
Sin un documento o una tabla oficial, esta semana surgió el 18 de enero sería la fecha más tentativa para la formación de una sesión del Comité de Ministros, donde determinaría, por segunda vez, el futuro del proyecto minero-portuario Dominga. Ello, para resolver las 26 reclamaciones en contra a la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo de entregar su licencia ambiental (RCA) para construirse y operar, a casi nueve años que el titular del proyecto, la empresa Andes Iron, ligado a las familias Délano y Garcés, ingresara a tramitación su Estudio de Impacto Ambiental.
Dominga prevé una inversión de US$2.500 millones para la producción de 12 millones de toneladas de hierro, además de oro como subproducto. En sus primeros dos años, se prevé que demandará 10 mil puestos de trabajo directo, y cerca de 1.500 trabajadores en sus 22 años de operación.
En 2017, bajo la administración de Michelle Bachelet, fue la primera oportunidad que Dominga fue sometido a revisión por los secretarios de Estados -conformados por las carteras de Economía-Medio Ambiente (preside el grupo), Salud, Agricultura, Energía y Minería- con un rechazo que generó un quiebre y escándalo en el Gobierno que implicó la renuncia de los Ministros de Hacienda y Economía de ese entonces, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, respectivamente, además del subsecretario de hacienda, Alejandro Micco.
En mayo del año pasado, la Corte Suprema rechazó varios recursos de casación a la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que acogió -también por segunda vez- los argumentos de Andes Iron por eventuales impactos en el medio ambiente y ecosistema marino, descartando los reclamos de Oceana y otras organizaciones sociales y privados que desean enterrar Dominga.
En dicha oportunidad, el tribunal pidió a la COEVA de Coquimbo hacer una nueva votación, aprobándose con 11 votos a favor y uno en contra. Por ahora, la definición está a la espera, pero con los días han surgido varias voces a favor y en contra que reflotaron la división en torno al proyecto. De los primeros, uno de ellos fue el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien entregó una carta al Ministerio de Hacienda para el proyecto Dominga fuera aprobado, en compañía con vecinos y dirigentes sociales de la comuna.
“Le pedimos que, a través de él, permita que el Consejo de Ministros, antes de que tome una decisión sobre el proyecto Dominga, escuche a las comunidades de La Higuera”, expresó. En el texto, dejan ver que la paralización del avance de este proyecto tiene preocupada a los habitantes de la comuna, ya que sufren de “enormes necesidades básicas y es una de las más pobres de Chile”.
“Dominga no solamente provocaría un enorme impacto en el sector minero, sino también en el comercio, el transporte, la hotelería, la construcción, entre otros”, mencionó el jefe comunal y agregó que “desde el año 2017 las instituciones especializadas en materias de medio ambiente han aprobado el proyecto. No se entiende cómo hoy día, por decisiones políticas, este proyecto no se aprueba y se quiebra la institucionalidad”. Finalmente, recordó que, en marzo de 2022, se realizó una consulta ciudadana voluntaria en la comuna, en donde los resultados arrojaron que un 96% de los votantes dijeron “Sí” a Dominga.
La semana pasada, un grupo de diputadas y diputados llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta firmada por más de 50 parlamentarios y los gobernadores de las regiones de Atacama y de Coquimbo, donde instaron al presidente Gabriel Boric a rechazar la instalación de Dominga. Sin embargo, fueron recibidos por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
