Prácticamente está dividida la opinión de los organismos que fueron requeridos por el Servicio de Evaluación Ambiental para entregar los antecedentes “adecuados y suficientes” para que la instancia ministerial someta a votación la iniciativa de US$2.500 millones que pretende alojarse en La Higuera.
Tal como lo ha mencionado Semanario Tiempo en sus ediciones anteriores, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, solicitó una serie de informes a 10 organismos públicos, quienes deben proporcionar los antecedentes “adecuados y suficientes” para que el Comité de Ministros revise el proyecto minero-portuario Dominga.
Ello, en marco de las 26 reclamaciones que entregaron diversas organizaciones de pescadores y particulares que impugnan la aprobación ambiental del proyecto de hierro, esgrimida por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo en 2021. Durán -quién actuará como secretaria ejecutiva de la instancia ministerial- requirió antecedentes a la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio de Desarrollo Social; el Servicio Agrícola Ganadero (SAG); el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur); la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y las subsecretarías de Medio Ambiente, Salud, y Pesca y Acuicultura. Luego, solicitó lo mismo a Conaf y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lo propio.
Y es que mientras aún no se pone en tabla la votación de Dominga ante el Comité de Ministros, trascurrido el tiempo la autoridad ambiental ha recibido los informes de los organismos públicos. La primera entidad en responder al requerimiento fue la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante el pasado 10 de junio. Mientras, el pasado miércoles 28 de diciembre, la Subsecretaría del Medio Ambiente esgrimió un duro informe contra la iniciativa.
Pero, de principio a fin. Los datos aportados fueron entregados casi cronológicamente. La Directemar, entidad liderada por el vicealmirante y director general de la entidad Carlos Huber Vio, respondió de forma neutral que “esta autoridad marítima emitió su pronunciamiento basándose en la idoneidad y suficiencia técnica, conforme a la normativa ambiental que regía al momento del ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la directora Ejecutiva del SEA, se le consultó sobre la estimación de la calidad del aire y el cumplimiento normativo del proyecto”. Ante las consultas, el SAG manifestó -el 04 de agosto- los recurrentes han manifestado varios efectos, características y circunstancias que no fueron abordadas suficientemente en el proceso de evaluación y que este Servicio considera pertinente hacer presente, aún cuando la materia no es directamente de competencia del Servicio. Ello, luego que semanas antes, el propio SAG emitiera un documento que otorgaba su conformidad “condicional”, por tema relacionado con colisión y electrocución de aves, y, por seguimiento y monitoreo de atraviesos para animales de baja movilidad.
El pasado 14 de julio, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) valoró las compensaciones anunciadas por Andes Iron, asegurando que cumplían con su objetivo y son usadas de manera tradicional. Esto en relación a la barrera de burbujas con el que pretende mitigar el impacto sonoro sobre cetáceos en la etapa de construcción del muelle de Dominga. Un día después, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) también destacó las medidas que prometió el titular de Dominga, sobre el valor paisajístico calificado como alteración de la calidad visual del paisaje en caleta Totoralillo Norte (Sector Totoralillo) por la operación del Terminal de Embarque.
Una apreciación diametralmente distinta esgrimió la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El 7 de julio manifestó su total rechazo al proyecto Dominga. Su respuesta consideró un informe técnico que se extendió por 85 páginas. Aquí Conaf manifestó su “inconformidad de manera sostenida durante el proceso de evaluación ambiental, ya que -a su parecer- no se consideraron las observaciones respecto del ámbito marino, y sus especies protegidas, por considerar, a nuestro parecer de forma errónea, que dichas materias excedían nuestras competencias”.
El 24 de octubre el Ministerio de Salud (Minsal) emitió un reporte en el que cuestionó la temporalidad de los informes elaborados por el titular para validar que cumple con las exigencias ambientales. Según el Minsal, el proponente concluyó que las emisiones atmosféricas del proyecto, sumadas las del proyecto Puerto Cruz Grande, no introducirían cambios significativos en la calidad del aire en el área de influencia. Sin embargo, en el informe el Minsal reconoce que esta información no fue requerida al titular durante la etapa de evaluación del proyecto.
En su informe el director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, Rodrigo Sanhueza, concluyó que “tanto los protocolos de acción como los indicadores comprometidos son idóneos y suficientes para el control de las aguas subterráneas de la Quebrada Los Choros, cumpliendo con el objetivo para el cual fue elaborado dicho plan; siempre cuando los puntos comprometidos monitoreen la misma unidad hidrogeológica que los pozos de reinyección”.
Anteriormente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura determinó que todas las obras del proyecto estarían emplazadas en la bahía Totoralillo Norte, zona donde coexistirían actividades bajo protección como poblaciones estables de Chungungos y Pingüinos de Humboldt, además de áreas de manejo que serían susceptibles de daño ambiental.
A mediados de año, la Subsecretaría de Servicios Sociales (del Ministerio de Desarrollo Social) envió el oficio Nº 2064, sin embargo, alertó de problemas en la casilla electrónica del SEA, por lo que la información no se encuentra disponible en el expediente. A la fecha, aún no sube el documento.
Finalmente, la Subsecretaría de Medio Ambiente aseveró que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
