Muchos condenan la no perseverancia de causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Lo cierto es que tanto en esta materia como en otras relacionadas a la transparencia y la regulación del lobby político, nuestro país (al igual que muchos otros del mundo) es bastante nueva la legislación específica.
En los inicios de los años 90 la política se financiaba sólo con aportes de militantes y también con aportes de particulares que buscaban que sus propios intereses estuvieran representados y defendidos por los respectivos parlamentarios o políticos.
Hoy los estándares son superiores, y lo que antes las personas no observaban o que aceptaban como algo normal, hoy no están dispuestos a tolerar. Y en eso entraron decenas de políticos de izquierda y de derecha.
El ejercicio de la convención constitucional dejó en evidencia que regular adecuadamente a nuestra sociedad no es una tarea simple ni para aficionados. Es un trabajo profesional y cuya mala o buena resolución puede traer graves consecuencias para todos. Basta ver lo que sucede en Perú, para darse cuenta que una pésima regulación de pesos y contrapesos del poder dan como resultado un descalabro mayúsculo, que tiene enredado a un país que venía con un buen crecimiento y cifras de desarrollo.
Pero la buena regulación y la transparencia en la gestión pública debe ir de la mano con políticos probos, rectos, que entiendan y asuman con altura de miras tanto sus fortalezas y experiencias previas como sus falencias e ignorancias.
El destituido presidente de Perú es un ejemplo de personas con muy buena voluntad y que actúan de buena fe, pero que no cuentan con las competencias necesarias. Él mismo, en su último discurso se reconoce como un campesino (profesor rural) “soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia”. Pero entretanto, esa inexperiencia mantiene en vilo a todo un país. El reconocer las propias debilidades es parte también de la probidad, de la honestidad humana. Nadie exige que las autoridades sean perfectas, pero sí que al menos sepan liderar para asesorarse como corresponde y finalmente contribuir al desarrollo de todos.
Hoy, el nuevo órgano constituyente que surja en Chile es probable que cuente con un alto componente “técnico-político” o profesional que sea más relevante. No se trata de construir un Estado tecnocrático, sino de asegurar un mínimo de coherencia y respeto por un área que requiere conocimiento de base. El profesionalismo no es garantía per se. Pero la ignorancia y la inexperiencia testaruda y vociferante ciertamente es sinónimo de un fracaso seguro.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
