Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la zona describe los lineamientos de la propuesta que presentará a autoridades, universidades y la academia, además de grupos civiles. El horizonte para lograrlo es al 2030. “Vemos que las proyecciones económicas son críticas, viene un 2023 súper apretado: crecimiento negativo, inflación, cae la inversión”, dice.
De una obra en el sector de caleta San Pedro a las oficinas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en avenida El Santo -frente al Terminal de Buses en La Serena- Daniel Mas, empresario del rubro de la construcción aguarda en un espacio a dos medios de comunicación. Detrás del escritorio, en un estante, un portarretratos que enmarca una portada de Diario La Región que titula sobre la recesión en la región de Coquimbo, la única zona de Chile en esa condición.
“Vemos que las proyecciones económicas son críticas, viene un 2023 súper apretado: crecimiento negativo, inflación, cae la inversión. Y empezamos a ver cómo empieza a pegar en el empleo, que es lo más duro. Y en el mundo real esto es que falta plata y no hay pega, y eso creo que es durísimo, mucha gente sale del mercado formal, muy sesgado contra la mujer porque se ve afectada por las necesidades de trabajo”, dice.
Daniel Mas estará un año más como líder de la entidad gremial, un rubro que genera 30 mil puestos de trabajo, de los cuales -en promedio- solo un 21% es para el género femenino, según un reciente estudio. Otra necesidad ligada al área es la falta de viviendas, especialmente para sectores más vulnerables, que en cifras del Gobierno dan un déficit de 28 mil unidades en la región de Coquimbo.
Por ello, la CChC-La Serena está elaborando las bases para materializar “Visión de Ciudad”, una incipiente iniciativa público-privada-academia-comunidades que persigue disminuir la sensación de violencia, reactivar la alicaída economía y otorgar mayores certezas jurídicas, a través de una mesa amplia, que genere las iniciativas e ideas para superar dichos problemas sociales. Ello, ante un nuevo y eventual proceso constitucional.
“Para nosotros la prioridad número uno es la situación económica. Este Gobierno ha sido muy pragmático y nos dice que va a construir casas, tenemos un ministro (Carlos Montes) que sabe mucho del tema, tenemos un equipo local que está súper bien posicionado en el tema, y el desafío es pasar de las grandes ideas a la implementación”, dice sobre la bajada local del Plan de Emergencia Habitacional que busca construir 12.490 soluciones durante la gestión del presidente Gabriel Boric.
“El déficit hoy superior a las 20 mil familias, y 2.000 están en campamentos, 500 en situación de calle. Y normalmente, entre La Serena y Coquimbo se han escriturado entre 4.000 y 6.000 viviendas. Para poder disminuir ese déficit tenemos que pasar de esas 5.000 viviendas, en promedio, a 10 mil viviendas, y eso no está pasando. Lo que tenemos que hacer es traer programas adicionales, y para eso tenemos que hacer cosas distintas. Serviu ha estado comprando y viendo tierras, pero como Cámara nosotros pensamos que, si no hacemos nada, probablemente, esas 20 mil familias que tienen déficit habitacional van a terminar viviendo extramuros, y eso es una solución para hoy, pero hambre para mañana”, comenta.
En ese sentido, apunta a que la construcción de las soluciones habitacionales debe integrar el estándar de barrio, a las familias, con servicios de transporte público, salud, educación y seguridad accesible.
“¿Tenemos 20 buenos Cesfam? Parece que no, bueno tenemos que invertir en Cesfam. ¿Tenemos 20 áreas de desarrollo maduro para la gente? Parece que no, entonces tenemos al final que crear ciudad, y eso hemos estado haciendo como Cámara”, se cuestiona.
“Visión de Ciudad” tiene una programación a mediano plazo, mirando al 2030.
Violencia y constitución
¿Por qué nace la necesidad de un desafío por abordar temas de seguridad?
“A nuestro juicio, es relevante para el país, y para la zona. Hace algunas semanas mataron a un trabajador de la construcción en Ovalle y balearon a socios de la Cámara de la Construcción. Cuando tomamos una encuesta de los trabajadores de la construcción, que hicimos a un universo de 4.000 personas, aproximadamente el 20% había sentido balazos o vio tráfico de drogas en su barrio, donde viven. Me pregunto ¿Usted dejaría a su familia tranquila en un barrio así? ¿Vendría a trabajar tranquilo? No podemos tolerar que sigan matando trabajadores. Hace cuántos años llevamos trabajando por la seguridad en las obras, y siento que hemos avanzado bastante, pero cuando el trabajador se va a la casa, al final lo matan en camino a su casa o en su casa, ¿Tenemos que comprarles chalecos antibalas para su casa?, No, responde”.
¿Ello justo ante un nuevo eventual proceso para redactar una nueva Constitución?
“Nosotros vemos además de las problemáticas anteriores, temas que agrupamos en burocracia, Constitución e institucionalidad. Todo se hace más complejo, lento y caro, y no solo en el sector público, sino que en el privado. Las licitaciones se caen, los permisos de demoran, los créditos y boletas de garantía se rechazan, las factibilidades sanitarias y las conexiones eléctricas se dilatan, el conservador anda lento, la modalidad de pagos no funciona. Tenemos muchas de nuestras empresas menores que están en Dicom. Necesitamos inyectarle un sentido de urgencia y compromiso”, sentencia.
