Se están buscando terrenos disponibles en las comunas de La Serena, Vicuña y La Higuera para ejecutar la última política pública de la nueva administración de Gobierno. En Coquimbo solo existen pequeñas propiedades fiscales, y la ausencia de predios imposibilita su concreción, sin embargo, la carta que asoma para resolver ese detrimento es la compra de suelo. Actualmente en la región de Coquimbo existe una merma de viviendas que supera las 29 mil.
Construir 12.490 viviendas, en cuatro años. Esa es la ambiciosa meta que tiene por delante la región de Coquimbo establecida en Plan de Emergencia Habitacional implementado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y que se ejecutará a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Ello para mitigar uno de los problemas más “grave” y “catastrófico” de los últimos 30 años, según el seremi del ramo, José Manuel Peralta: el déficit habitacional. De acuerdo a cifras de la cartera, a nivel local existe una merma que supera las 29 mil unidades, que conlleva a una serie de dificultades sociales como el hacinamiento, problemas de convivencia al interior de los hogares, incluso violencia intrafamiliar.
“Es una tarea titánica que la vamos a hacer con los vecinos, alcaldes, y las instituciones de Gobierno, para que esta meta que es ética a desarrollar, es un desafío gigantesco porque se trata de familias que están de allegados, en arriendo o genera problemas familiares”, sostiene Peralta.
Y es que el fisco para cumplir la promesa requerirá además de levantar un Banco de Suelos, cada vez más agotado por la presión del mercado, la extensión de las ciudades y la llegada de nuevas personas a residir a las comunas.
Para ello, se trabaja en dos líneas. La primera es que aquellas propiedades públicas pasen al Ministerio de Vivienda, que se destinarán al arriendo para personas “sin casa”. En ese sentido, existe una coordinación con el Ministerio de Bienes para integrar suelo público que, de acuerdo a Peralta existen terrenos disponibles en La Serena, La Higuera y Vicuña.
Por su parte, en las comunas donde no existe esta alternativa se optará por la adquisición de predios. Tal es el caso de Coquimbo. “Estamos haciendo un levantamiento como Bienes Nacionales de todas las propiedades fiscales que cumplen con los requisitos técnicos para este programa de emergencia. Por ejemplo, en La Serena hay un terreno grande que permitiría (construir) aproximadamente unas 4.500 o 5 mil casas”, asegura el seremi sectorial, Marcelo Salazar.
A fin del periodo presidencial se estima que las más de 12.400 viviendas lograrán reducir el déficit habitacional en un 49%.
“Valoramos por cierto el Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno, un proyecto ambicioso que esperamos reactive al sector y al empleo, pero por sobre todas las cosas, otorgue una vivienda a las miles de familias que la necesitan con urgencia, y les dé mayor bienestar y calidad de vida”, comenta el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sede La Serena, Daniel Mas.
En un estudio reciente de la entidad gremial, junto a la Fundación Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (PUC), el panorama no es del todo fácil, considerando que se complejizó por el incremento de los costos de materiales, la paralización de algunos proyectos sociales, escasez de mano de obra, mayores restricciones de financiamiento, incerteza político-regulatoria y los cuellos de botella que se deben enfrentar en los procesos para obtener los permisos, entre otros. Esto agravado también por las repercusiones que trajo la pandemia del Coronavirus y el impulso de infraestructura pública que tiene que competir con los proyectos habitacionales, por ejemplo, en el mercado de insumos.
La CChC considera que incluso otros factores, como nueva Reforma Tributaria, puede afectar los impuestos al arriendo de viviendas DFL 2, ya que esto impactaría en el precio, provocando menores posibilidades de las personas a acceder a una vivienda por esta vía.
Algo parecido podría ocurrir con la eliminación del Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC), “que quitó un subsidio indirecto a las familias y que provocará un aumento del costo de construcción de las viviendas de hasta 12%, lo que finalmente presionará un alza en su precio”, concluye Mas.
