Cuatro servicios se mostraron conformes, mientras Conaf señala que la ejecución del proyecto minero-portuario implicaría la extinción del pato Yunco y el Pingüino de Humboldt. El Servicio de Evaluación Ambiental pidió a organismos que no cumplieron la petición, entregar los antecedentes en 10 días.
Silenciosa estuvo la petición que realizó la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, a distintos organismos públicos respecto a aportar los antecedentes “adecuados y suficientes” para que el Comité de Ministros revise -eventualmente- el proyecto minero portuario Dominga, luego de las 26 reclamaciones que entregaron organizaciones de pescadores y particulares contra la aprobación ambiental esgrimida por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, en 2021.
Ello, hasta esta semana, ya que Sernatur, el Servicio Agrícola Ganadero y Sernapesca se manifestaron conformes ante las medidas de compensación que prometió implementar Andes Iron en la construcción su proyecto de US$2.500 millones. Mientras, Conaf aseguró que la iniciativa provocaría la extinción a corto plazo del Pato Yunco y el Pingüino de Humboldt. Hace unas semanas, tal como lo había destacado Semanario Tiempo, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) también había manifestado su posición favorable al proyecto.
La petición de Durán se realizó posterior al fallo de la Corte Suprema que rechazó definitivamente las casaciones de organizaciones contrarias, entre ellas Oceana. Y las otras entidades públicas oficiada por la autoridades fueron la dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio de Desarrollo Social, y las subsecretarías de Medio Ambiente, Salud, y Pesca y Acuicultura.
De a poco, los organismos atendieron el requerimiento, tres de ellas entregaron comentarios favorables a la evaluación ambiental de la iniciativa y sólo Conaf cuestionó duramente el proyecto.
La primera entidad en responder al requerimiento fue la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante el pasado 10 de junio. Aquí la entidad liderada por el vicealmirante y director general de la entidad Carlos Huber Vio, respondió que “esta autoridad marítima emitió su pronunciamiento basándose en en la idoneidad y suficiencia técnica, conforme a la normativa ambiental que regía al momento del ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); Durán preguntó: “si durante la evaluación ambiental del Proyecto se aportaron los antecedentes adecuados y suficientes para evaluar los impactos contemplados, en particular si en la estimación de la calidad del aire y el cumplimiento normativo del Proyecto, se acompañan los antecedentes suficientes, para, entre otras cosas, caracterizar el MPS y si se descartaron impactos sobre los recursos naturales renovables que puedan afectar la biodiversidad del área de influencia del Proyecto”.
Ante las consultas el SAG manifestó -el 30 de junio- que dio su conformidad “condicional”, por tema relacionado con colisión y electrocución de aves, y, por seguimiento y monitoreo de atraviesos para animales de baja movilidad, los cuales, no tienen relación con la consulta realizada. De acuerdo al SAG, las respuestas entregadas por el titular, en las distintas etapas del proyecto, son satisfactorias, por cuanto, se acompañan los antecedentes suficientes y, la evaluación se realiza considerando todos los componentes que pudiesen ser afectados por la construcción y operación.
El pasado 14 de julio, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) valoró las compensaciones anunciadas por Andes Iron, asegurando que cumplían con su objetivo y son usadas de manera tradicional. Esto en relación a la barrera de burbujas con el que pretende mitigar el impacto sonoro sobre cetáceos en la etapa de construcción del muelle de Dominga.
“El Servicio considera la cortina de burbujas como un método efectivo para lograr la disminución de entre 5 a 20 decibelios de sonido submarino, y que es una medida muy utilizad por proyectos con impacto sonoro en el medio marino”, acotó el director nacional (s) de Sernapesca Fernando Naranjo en su oficio.
Un día después, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) también destacó las medidas que prometió el titular de Dominga.
Sobre el valor paisajístico calificado como alteración de la calidad visual del paisaje en caleta Totoralillo Norte (Sector Totoralillo) por la operación del Terminal de Embarque, el titular propuso la medida de amortiguación vegetacional en límite de la propiedad industrial en sector Totoralillo que generará una continuidad visual de naturalidad en el sector donde se emplazará el Terminal de Embarque. “Esta barrera permanecerá durante toda la vida útil del Proyecto. De igual forma el titular propuso las medidas de aporte hídrico a la vegetación en sector de devolución subsuperfical de agua e instalaciones de colores integradores del paisaje”, destacó Beatriz Román, directora Nacional (s) de Sernatur.
Conaf lapidario
Un opinión distinta tuvo la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El 7 de julio manifestó su total rechazo al proyecto Dominga. Su respuesta consideró un informe técnico que se extendió por 85 páginas. El organismo manifestó su “inconformidad de manera sostenida durante el proceso de evaluación ambiental, ya que -a su parecer- no se consideraron las observaciones respecto del ámbito marino, y sus especies protegidas, por considerar, a nuestro parecer de forma errónea, que dichas materias excedían nuestras competencias”.
“Esta Corporación de manera consistente y sistemática durante todo el proceso de evaluación ambiental del Proyecto “Dominga”, en sus diversas etapas, informó y fue clara respecto del incumplimiento a la normativa ambiental y sectorial vigente, en las cuales tiene competencia la Corporación Nacional Forestal, tanto en el ámbito marino, respecto de los objetos de protección de la Reserva Pingüino de Humboldt, administrada por CONAF, como en el ámbito terrestre y la afectación a la vegetación y especies protegidas. Por lo que, a criterio de esta Corporación, las insalvables deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, no permitieron realizar una evaluación ambiental a la altura de la importancia del territorio que se pretende intervenir, dadas sus particularidades y fragilidad, así como de los objetos de conservación que en él existen”.
Y añade: “El EIA no realiza este análisis, considerado como básico para especies objeto de conservación de la Reserva Nacional como son las especies de aves en categoría de conservación, especialmente del Pelecanoides garnotii (Yunco), en peligro de extinción (EP) y Spheniscus humboldtii (Pingüino de Humboldt), vulnerable (VU), considerados como los más críticos y de alta unicidad al tratarse, en el caso del Yunco, del 90% de la población nacional y del Pingüino, del 80% de la población mundial y que ocupan los sitios proyectados como operación del puerto Dominga como sitios de alimentación y descanso en la época más vulnerable de su ciclo de vida, cual es el ciclo reproductivo. Con esto, el proyecto afectaría directamente sitios de alimentación, sitios de descanso, así como la conectividad del corredor biológico en el archipiélago, afectación para la cual no existe medida factible de compensación alguna pues llevaría a estas especies a la extinción en el corto plazo”, consignó el estudio de Conaf.
Respuesta
Para Yonatan Rojas, tesorero de la Asociacion Comunal de La Higuera, entidad que ha participado a favor en todos los proceso legales de Dominga, mantiene que los pronunciamientos de Sernatur, SAG y Sernapesca reflejan que la institucionalidad funciona, “por lo que esperamos que estos antecedentes sean reconocidos por los integrantes del Comité de Ministros, para que analicen el proyecto Dominga, alejados de cualquier ruido político como ocurrió en la anterior votación durante el Gobierno de Michelle Bachelet que terminó con un escándalo político con la salida de varios Ministros (Hacienda y Economía) y el subsecretario de Hacienda de la época”.
“Ahora respecto a las aprensiones de Conaf, éstas han sido desestimadas en todas las instancias serias de evaluación técnica-legal que posee la institucionalidad chilena, llámese Tribunal Ambiental de Antofagasta -en dos oportunidades-; Tribunal Constitucional, incluso la Corte Suprema”, agregó.
A juicio del vocero, Dominga tiene un Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) positivo, emanado por el propio Servicio de Evaluación Ambiental, y cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental RCA que permite su construcción y operación.
“Esperamos que la institucionalidad siga su curso y funcione técnicamente, y se aleje de cualquier ruido que entregan intencionadamente organizaciones ambientalistas, como Oceana y otros particulares”, sentencia.
