Ricardo Sacaan explica que la solicitud se funda en faltas e incumplimientos, acreditados por la Superintendencia de Educación y la Contraloría, por las deudas en cotizaciones previsionales de trabajadores de la Corporación Gabriel González Videla. Además, según los concejales y el jurista, la deuda municipal podría llegar a $241 mil millones. (cifra ratificada por los concejales) En tanto, la municipalidad de La Serena, guardó silencio hasta ser notificados.
Una fuerte solicitud realizó un grupo de concejales de La Serena que busca sacar al jefe comunal, Roberto Jacob, por notable abandono de deberes. Para ello, presentaron un requerimiento esta semana ante el Tribunal Electoral Regional (TER), acompañados del abogado Ricardo Sacaan, profesional que participó y lideró el equipo que consiguió la destitución de Virgina Reginato en Viña del Mar.
“La solicitud que hemos hecho de la remoción del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se funda especialmente en las investigaciones que se hicieron los dos organismos públicos, que son la Superintendencia de Educación de la región de Coquimbo y la Contraloría Regional de Coquimbo, que determinó que el alcalde ha incurrido en determinadas faltas, incumplimiento de sus deberes, entre otras”, dice el jurista.
Según la presentación del escrito, corroborado por los concejales, el déficit que tiene la municipalidad llega a los $241 mil millones, siendo que su presupuesto solo llega a los $76 mil millones. “Alguien podría decir, por ejemplo, que el problema de las corporaciones es una cuestión estructural, que todas tienen problemas de administración. Sin embargo, el caso de La Serena, tiene juicios, en el 2020 y 2021, por deudas previsionales de más de $4.000 millones, para aproximadamente 3.300 funcionarios. Sin embargo, Coquimbo, que tiene 3.700 funcionarios tienen hasta el momento son $500 millones”, compara.
En ese sentido, comenta que la destitución de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virgina Reginato, también había un déficit previsional de $3 mil millones, sin embargo, lo peor sería que en otros procesos los volúmenes de las deudas eran menores y los jefes comunales intentaban revertir la situación. “En este caso, este alcalde no ha hecho absolutamente. En este momento, la deuda previsional va en $13 mil millones, y el alcalde, a través de su representante de la Corporación Gabriel González Videla, informó solo $7 mil. O sea, ocultó más de $5 mil millones, y eso lo detectó la Contraloría Regional en su informe”, menciona.
Plazos
De acuerdo a Sacaan, el TER al no ser parte del Poder Judicial, no se rige por normas comunes que tiene que resolver sus tribunales. La instancia está constituida por tres ministros, algunos de ellos provienen de la Corte de Apelaciones de La Serena, con un funcionamiento de dos veces la semana. “Eso significa que se retrasa mucho la tramitación del proceso, por eso la presentación que estamos haciendo. Considerando eso, consideramos que esto podría resolverse en marzo o abril del próximo año”, agrega.
Concejales
Consultado a la municipalidad de La Serena prefirieron guardar silencio a la espera de ser notificados por la acción. Sin embargo, la concejala Rayen Pojomovsky sostiene que la acusación responde de manera “muy coherente” a la Bancada Dignidad, quienes no solo denunciaron las presuntas irregularidades, sino que presentaron los requerimientos a la Contraloría, poco después de asumir. “Nos vemos en la obligación de tomar esta acción frente a lo que dice y sugiere el informe (de Contraloría). Estamos presentando en el TER el requerimiento para la destitución por abandono de deberes. Esperamos que esto tenga la investigación que corresponde, y si se decide que esto es lo que se debe hacer, creemos que, en justa razón, es a nuestra labor como fiscalizadores”, destacó.
Daniela Molina, concejala de La Serena, señala que existen 364 casos de demandas judicializadas por deudas previsionales, deudas de “personas que murieron esperando que se les pagaran sus obligaciones”. “Esto no es antojadizo, es un deber porque es nuestra función, sino estamos haciendo omisión”, coincide con Pojomovsky.
Camilo Araya, concejal de la ciudad, cree que existe una “malversación” de los pagos y sugiere que posterior a reuniones con el propio contralor regional, Hugo Segovia y el Consejo de Defensa del Estado, fueron esas instituciones quienes les indicó que “teníamos que presentar el requerimiento ante el Tribunal Electoral”.
