Una mala idea fue aprobada por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constituyente: la fusión de los Tribunales Tributarios y Aduaneros con los Tribunales Administrativos, lo que supone la pérdida de estatus y valor que merece una entidad altamente especializada y técnica que tanto ha costado tener, y que vino a solucionar el grave problema de legitimidad que sufría el viejo sistema, cuando el Estado era juez y parte.
Hasta ahora, los que seguimos de cerca la discusión constituyente vemos cómo a menudo se encienden alarmas respecto a propuestas dotadas de un sentido puramente comunicacional, toda vez que -y lo sabemos- serán desechadas en el Pleno; ese cementerio donde han ido a morir muchas ideas maximalistas y absurdas a oídos de una mayoría, basadas por lo general en idealismos que se contraponen a la verdadera realidad que viven muchos Chileno, pero que permiten ganarse el corazón de los grupos que componen el nicho al que apunta un convencional que ha decidido lucirse como activista.
¿Cuál es el problema? Que el abuso de la denuncia redunda en que ciudadanos y ciudadanas dejan de creerle a las voces más alarmistas, por lo que, a poco andar, ya no darán crédito a las denuncias bien sustentadas que cuestionan todas las pésimas ideas que, efectivamente, avanzan en su tramitación. Para evitar el síndrome de “Pedrito y el lobo” resulta clave separar la paja del trigo.
Ordenemos esta discusión: ¿hay Instituciones que funcionan mal en Chile? Pues claro, y es obvio que hay reformarlas, o bien reconstruirlas, si es que da el caso. Pero no es precisamente lo que debemos hacer con las instituciones que funcionan correctamente, como es el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que en sus 12 años de existencia ha resuelto un problema de larga data, cual es la idea de que el Fisco (en estricto rigor, la Autoridad Tributaria compuesta por el SII, Tesorería y Aduanas) fuese juez y parte en la resolución de contiendas tributarias con personas como usted, como yo. Estos tribunales creados por la ley 20.322 después de 9 años de dura tramitación parlamentaria, en su concepción misma, vinieron a resolver esa “anomalía”, ese atavismo jurídico que viola incluso tratados de Derechos Humanos.
Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son hoy garantía de juicios justos con juristas y peritos altamente especializados en la materia, todos ellos capaces de realizar un trabajo de gran factura técnica, desprovisto de los sesgos que, en el ejercicio del derecho, tanto nublan y confunden a una opinión pública que no está muy al tanto, ahora sí, de una mala idea que avanza en la Convención.
¿Y cuál es esa idea? La Comisión de Sistemas de Justicia plantea fusionar estos Tribunales Tributarios y Aduaneros con los Tribunales Administrativos, lo que revela un enfoque más generalista y muy distante de la debida especialización que requiere un sistema tributario complejo como es el chileno. Es curioso que entre quienes más abogan por justicia tributaria, es decir, que cada cual pague lo que corresponde, surjan voces sugiriendo una idea que resta valor, estatus y autonomía de la institución que ha de velar porque se cumpla uno de los compromisos supremos de cada ciudadano, que es pagar sus impuestos. Ni más, ni menos.
Resulta curioso, asimismo, que en una materia tan sensible para el futuro de Chile no exista el ánimo de especialización que vemos en propuestas como la justicia vecinal o la justicia indígena, propuestas que, si bien pueden ser discutibles, son bastante legítimas, por lo demás. ¿Por qué no tribunales especializados en materia tributaria como hemos podido construir en los últimos años? ¿Qué sentido tendría demoler una iniciativa que otorga legitimidad al sistema en su conjunto? ¿Tiene lógica subsumir la justicia tributaria en una justicia administrativa en circunstancias que los litigios que se producen en este ámbito pueden contener aspectos constitutivos de delito?
En ese sentido, todos los contribuyentes, los abogados, contadores, contadores auditores y economistas vinculados al tema tributario, personas naturales e inversionistas, pymes y grandes empresas, deben alzar su voz para rechazar una idea que supone un significativo retroceso para la justicia tributaria en nuestro país, ya que, si esta fuese aprobada, nos dejaría a todos y todas en el absoluto desamparo.
Por Iván Cifuentes
Perito Judicial Contable Tributario
y Director de Cifneg Consultores.
