Hace algunos días atrás se conoció la contratación del abogado Carlos Gajardo, ex fiscal del ministerio público vinculado a los más bullados casos de corrupción en el país, y que hoy se desempeña de manera privada en el estudio “Gajardo y Norambuena”.
Lo hace a través de un contrato a honorarios de $13 millones de pesos por seis meses y prorrogables por igual período de tiempo.
Si buen algunos Cores criticaron la cifra, otros señalaron que el valor se ajusta al mercado y al nivel de un abogado que ha jugado en grandes ligas.
-¿Cómo nacen las conversaciones con la gobernadora?
La gobernadora tomó contacto con nuestra oficina por el caso conocido como «Papaya Gate», que requiere una atención relevante por la cuantía de los montos involucrados en el fraude. Conocía el caso por la repercusión mediática que tuvo, siendo esas implicancias que salieron a la luz lo que nos motiva con mi socio a acceder inmediatamente a la petición.
-Su trabajo ya empezó con la entrega de nuevos antecedentes al Ministerio Público…
Hay antecedentes documentales de cómo se realizó la compra que nos parecieron importantes hacer llegar al proceso investigativo, y también pedir que se tome declaración a algunos testigos. Además tuvimos una reunión con el Consejo de Defensa del Estado, que es querellante en la causa, organismo que ha manifestado con mucha fuerza la gravedad de los hechos de los cuales estamos hablando.
-Podrían salir nuevos implicados del «Papaya Gate»?
Dentro del marco investigativo, la querella del CDE se ha dirigido contra cuatro personas; el ex administrador y el ex jefe jurídico, además de la ex intendenta y contra un particular que es el representante de las sociedades que efectuaron la venta. No descartamos que pudieran existir más personas involucradas, ya que la querella es contra todos quienes resulten responsables-
-¿Y si prescribe el Papaya Gate y queda impune?
Siempre es posible que pase el tiempo y no se establezcan responsabilidades, por eso es importante que los procesos se vayan desarrollando. Acá lo que corresponde es que se proceda a formalizar la investigación en lo pronto contra los principales responsables. Este es un delito por fraude al fisco y que tiene pena de crimen, por lo tanto la prescripción sería una prescripción de largo tiempo, de 10 años, entonces no hay riesgo en lo inmediato de aquello.
-Da la sensación que usted goza con estos casos que huelen a corrupción…
Absolutamente. Por 17 años fui fiscal. Mi colega y socio Pablo Norambuena lo fue durante 13. El fuerte de nosotros siempre ha sido investigar casos de corrupción, los más famosos fueron justamente los llamados de las platas políticas, caso Penta, SQM, Corpesca. Todos han sido casos que iniciamos en la Fiscalía de Alta Complejidad. Sin duda son temas que nos motivan en lo profesional y que hacen que con mucho gusto asumamos este nuevo desafío.
-¿Buscará modificar cautelares a los imputados?
Para todo eso la formalización de cargos es fundamental. Una vez que uno logra formalizar cargos puede recién pedir medidas cautelares, tanto personales para los involucrados, como lo es la prisión preventiva, o reales, como la incautación de bienes. Como ese hecho no se ha producido hasta el día de hoy, no hay ningún imputado con cautelar.
-¿La figura de la ex intendenta Lucía Pinto ameritaría una cautelar?
Nosotros creemos que es una de las personas que debe ser formalizada por este caso. Es una de las personas que está querellada por el CDE, por lo que creemos que su responsabilidad es fundamental.
