Ello luego de las primeras declaraciones del mandatario electo, Gabriel Boric, quién reiteró -en su primer discurso a la nación- su rechazo al proyecto minero-portuario Dominga. “(Boric) se verá sujeto a lo que determinen los fallos judiciales”, explica el abogado de la Universidad de Chile.
“El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (…) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.
Ese fue parte de la primera alocución del Presidente electo Gabriel Boric a la nación luego de obtener una holgada mayoría la noche del 19 de diciembre. El potente discurso del ex dirigente estudiantil venía a reiterar su postura frente a la iniciativa minera-portuaria de Andes Iron, titular del proyecto Dominga, que busca instalarse en la comuna de La Higuera, en caso de lograr sortear dos escenarios contra agrupaciones ambientales y sociales.
Por un lado está el conflicto judicial, pues actualmente Dominga está a la espera de una audiencia de conciliación, convocada por Tercera Sala de la Corte Suprema para el próximo 12 de enero. Ello posterior a la interposición de cinco recursos de casación que buscan invalidar el fallo -unánime- del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, quién determinó aceptar la reclamación de la empresa, retrotrayendo el proceso de evaluación ambiental a una nueva votación en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo (COEVA), esta vez ajustada a derecho.
La segunda, en tanto, refiere a la instancia administrativa en el Comité de Ministros, luego que en agosto la COEVA, compuesta por 10 secretario regionales ministeriales, el Intendente de la época, Pablo Herman (quien rechazó); y la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Claudia Martínez, finalmente le otorgaran la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a Dominga para que pueda construirse y operar.
El proyecto Dominga prevé la construcción de dos rajos abiertos para explotar 12 millones de toneladas de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de cobre como subproducto. Para eso, Andes Iron, proyecta una inversión de US$2.500 millones y una capacidad para generar 10 mil empleos directos en sus dos primeros años de construcción.
Sin embargo, los expertos han advertido un efecto político en los dichos de Boric. Para Gonzalo Parot, abogado de la Universidad de Chile, Master con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de California, Berkeley; y profesor de la Universidad Católica del Norte (UCN), el Presidente de la República “no tiene atribuciones directas” para rechazar proyectos de inversión en el contexto de la evaluación ambiental.
“Hoy el proyecto se encuentra con recursos de casación pendiente ante la Corte Suprema y con recursos administrativos de reclamación ante el Comité de Ministros. Lo que determine la Corte Suprema en ese sentido es clave: sin perjuicio del llamado a audiencia de conciliación que se concretará en enero, es posible que quede sin efecto la votación que realizó la Comisión de Evaluación de Coquimbo en agosto de este año, si la Corte decide revertir la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta”, puntualiza.
En extenso, el especialista considera que las declaraciones del Presidente electo puede afectar el desempeño del sistema de evaluación respecto al proyecto, en caso que éste llegue al Comité de Ministros. “Si bien el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) es fundamentalmente técnico, este componente político existe y no es novedoso. Sin embargo, como Presidente no podrá rechazar directamente el proyecto y se verá sujeto a lo que determinen los fallos judiciales”, agrega.
Sin embargo, Parot cree que más allá del proyecto, “se da una señal a favor de robustecer la protección ambiental en el próximo gobierno, lo que se deberá traducir en la configuración de políticas, planes, normas y otros instrumentos de gestión ambiental desde el Ministerio del Medio Ambiente”.
“Lo mismo puede afirmarse respecto al impulso en la tramitación legislativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y lo que llegue a definirse sobre la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en la Higuera”, sentencia.
