ONG espera anular la votación que llevó adelante la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo que entrego el permiso para que el proyecto minero-portuario pueda avanzar. Ello, se suma a recursos de casación interpuestos ante la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de La Serena.
La premisa es revertir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) entregó al proyecto minero portuario Dominga. Con ese propósito la ONG Oceana presentó un recurso de reclamación al Comité de Ministros, en una de los primeros escritos de queja que se esperan para invalidar administrativamente el permiso ambiental que obtuvo el proyecto minero-portuario de US$2.500 millones que busca instalarse en la comuna de Las Higuera, al norte de la IV Región.
El Comité de Ministros es una instancia presidida por la titular del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la componen además los secretarios de Estado de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; Energía y Minería. De acuerdo a la ley, la resolución de la COEVA es reclamable en la nistancia dentro de 30 días hábiles desde la publicación en el diario oficial del permiso ambiental, plazo que vence el 28 de octubre. Una de las solicitudes de la reclamación interpuesta es que se suspenda la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), cuestión que es urgente para que Dominga no pueda comenzar las obras.
“Esta primera reclamación está relacionada a la falta de consideración de las observaciones hechas por Oceana en el procedimiento de evaluación ambiental. En la aprobación que se hizo por la COEVA de Coquimbo, no cambió nada del proyecto original, que otrora fuera rechazado.” señala Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA y abogado de Oceana en la causa.
Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, la COEVA dio luz verde al proyecto Dominga, solo con el voto en contra del ex delegado Presidencial, Pablo Herman. En esa oportunidad, Oceana había insistido, mediante un escrito, no conformar dicha comisión, situación que tampoco fue acogido.
CORTE SUPREMA
Por otra parte, las reclamaciones se interponen mientras se espera que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación presentados por los abogados de Oceana y distintas personas naturales que buscan invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó que el proyecto Dominga se volviera a votar en la COEVA de Coquimbo, esta vez ajustada a derecho.
“Esta reclamación se produce en paralelo a las casaciones que esperamos prontamente sean oídas y resueltas por la Corte Suprema, y al recurso de protección ante la Corte de La Serena, relativo a la ilegalidad de haber votado este proyecto nuevamente, estando pendiente el pronunciamiento del máximo tribunal”, precisa Costa.
HISTORIA
Es importante mencionar que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló al 1TA y la corte, con sede en la Segunda Región, aceptó la reclamación de la firma, de manera unánime, al considerar que la iniciativa minera entregó todos los antecedentes para su correcta evaluación.
PANDORA PAPERS
La presentación del recurso se interpone en una de las semanas más mediáticas para el proyecto minero, luego de conocerse la investigación de los denominados “Pandora Papers”. Dicha indagación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollada en Chile por Ciper y LaBot, por unos 600 periodistas, resalta que el presidente de la República, Sebastián Piñera y su familia fueron en el pasado los mayores accionistas del proyecto minero con el 33% de sus acciones, las que sumadas a las de la familia Délano tenían el dominio del 56% de la iniciativa.En diciembre de 2010, el fundador de la empresa Penta compró el porcentaje de todos los socios de Dominga. El pago se efectuaría en tres cuotas. La primera vencía el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar 21 millones de dólares el 18 de enero. La tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares sería pagada a más tardar el 31 de diciembre de 2011. “Sin embargo, -explicó la investigación- ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero”.
Ya a primeras horas de esta semana, el recién asumido delegado Presidencial de la región de Coquimbo, Ignacio Pinto, fue consultado sobre el tema y mantuvo ese proceso “está absolutamente cerrado”. Sin embargo, pasadas las 14:00 horas del lunes 04 de octubre, Piñera realizó un punto de prensa en La Moneda, donde se refirió a la situación. Ahí expresó que en abril del 2009, hace más de doce años, y antes de asumir su primera presidencia, “me desligué total y absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares”, através de un fideicomiso ciego que incluyó los patrimonios de sus familiares “como una muestra de transparencia”.
“A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento, ni información de las empresas anteriormente mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”, dijo. Y agregó: “la decisión de vender minera Dominga el 2010, no me fue consultado ni informado, precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés”. En ese sentido, añadió que la venta de Dominga no son hechos nuevos, sino que fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017, y además fueron investigados por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia ese mismo año”.
Cabe consignar que el 04 de octubre, a las 12:15 horas, el reportaje publicado por Ciper fue rectificado al mencionar que la cláusula que condicionaba el tercer pago no había sido considerada en la investigación. Sin embargo, otro reportaje de Radio Biobío en 2017 señaló que el ex fiscal Manuel Guerra sí estuvo al tanto de los términos de la compraventa.
