La región necesita desarrollar una cartera de proyectos relevantes, bien pensados y de rápida ejecución. El primer envión para la recuperación económica en el ámbito de la construcción debe venir de las obras públicas específicamente para ese segmento de empresas pequeñas y medianas que han ido quedando en el camino por la gran parálisis que significó la pandemia.
Pero en ese esfuerzo es necesario revisar también múltiples procedimientos y trabas que finalmente juegan en contra del emprendedor y aventurero que se decida a ofrecer servicios para el Estado o para algún municipio. Y es que hay que tener un poco el espíritu de un kamikaze o al menos de un ludopata para atreverse a postular a alguna licitación pública. Por lo más diversos motivos, desde la mala planificación o cálculo de los proyectos, por las modificaciones que se hacen a los proyectos en plena ejecución, por las discordancias o faltas de criterio de los inspectores técnicos y por la excesiva burocracia que termina ahogando a los empresarios que no reciben oportunamente sus estados de pago.
Y estamos hablando de la construcción de infraestructura educacional, jardines infantiles, obras de riego, sedes sociales, proyectos de mejoramiento urbano, etc. Cientos de obras de mediana envergadura que muchas veces son indispensables y que hoy se necesita ejecutar con máxima celeridad.
Pero también hay otro aspecto, relacionado con las grandes obras ejecutadas por consorcios nacionales o internacionales y que muchas veces subcontratan servicios con empresas locales, que finalmente son las que ejecutan la obra y que deben someterse a los tratos draconianos de la empresa mandante, que los lleva hasta el límite de sus capacidades, ya sea por discordancias en los términos de ejecución o porque simplemente no les pagan, provocando una letal falta de liquidez.
En este período es cuando más se necesita un buen liderazgo en esta área y que los equipos de planificación de los municipios también pongan de su parte para elaborar buenos proyectos. Además de una gobernadora y un consejo regional que estén atentos a poner el dinero donde realmente se necesita.
Pero es necesario transparentar todas esas situaciones que enredan las iniciativas, que alejan a los empresarios de las licitaciones y –por qué no decirlo- también son un foco de corrupción por las arbitrariedades y criterios deformados al momento de interactuar entre el servicio público y la empresa privada.
Hoy Chile parece que está en otra etapa. De hablar de frente y solucionar los problemas. Quizás este sea el momento oportuno para mejorar la gestión de la inversión en infraestructura, para ser más eficiente en el uso de los recursos públicos.
Victor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
