Se trata de las presuntas irregularidades en la compra del terreno para el futuro hospital de Coquimbo y los predios para un complejo deportivo en el sector de San ramón. Organismo reconoció que a las investigaciones sumarias en el Municipio de La Serena y el Gobierno Regional de Coquimbo, existen otras en las Secretarias Ministeriales de Bienes Nacionales y Desarrollo Social, aún con resultado incierto. Diputados solicitaron que dichos expedientes fueran emitidos con anterioridad al informe final que realizará la comisión, proyectada para junio.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, fue el primer invitado a informar luego de las presuntas irregularidades que existieron en la compra de predios para un proyecto deportivo, por $9.800 millones y que costaron la salida de la ex Intendenta, Lucía Pinto, entre otros funcionarios del Gobierno Regional tras el revuelo del caso bautizado como “Papaya Gate”.
Sin embargo, Bermúdez realizó una exposición ante la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados no solo sobre las irregularidades en los pasos administrativos, sino que explicó los procesos en la adquisición de los terrenos y el aumento de montos, tanto en la tasación de los predios en el área de La Cantera que usará el futuro Hospital de Coquimbo, como en las propiedades para el Complejo Deportivo San Ramón. En este último, fue burlada en cuatro oportunidades la “toma de razón”, paso ineludible para la compra que realizan los organismos públicos.
Así los montos involucrados en las adquisiciones alcanzan los $16.300 millones. En el primer caso, el terreno para el hospital de Coquimbo fue tasado inicialmente por un privado en $3.859 millones en marzo de 2020, y otras dos que superaban los $ 5 mil millones, siendo finalmente en $ 6.500 millones la valoración realizada en Bienes Nacionales.
En tanto, para el segundo caso (lote de seis terrenos en el sector de San Ramón), con fecha de enero del 2019, el avalúo era llegó $4 mil millones. Posteriormente, en una segunda valoración, -febrero del 2020- subía a $ 8 mil millones, y otra por $9.180 millones, siendo al final el precio pactado de $ 9.800 millones.
“El Gore estaba pagando $ 620 millones de más, tomando la peor tasación. Estamos hablando de casi un millón de dólares más que se pagó por ese terreno y no creo que haya instalaciones deportivas que valgan tanto. Es una cantidad inaudita para este tipo de proyectos”, sostuvo Bermúdez.
En ese sentido, el contralor también enfatizó en que no tiene antecedentes de otro caso similar en el país y reconoció que a las investigaciones sumarias en el Municipio de La Serena y el Gobierno Regional de Coquimbo, existen otras en las Secretarias Ministeriales de Bienes Nacionales y Desarrollo Social, aún con resultado incierto. Por ello, los diputados solicitaron que dichos expedientes fueran emitidos con anterioridad al informe final que realizará la comisión, proyectada para junio de este año.
Las compras tampoco contarían con la autorización del Ministerio de Hacienda, materia que también está regulada por Ley.
En su exposición en la comisión, el contralor explica que se cuestionan distintas actuaciones, además del precio pagado por el terreno para el centro deportivo, también se cuestiona lo siguiente, se suscribe la compra-venta, se inscribe en el Conservador y se hace la transferencia del dominio, y por lo tanto se paga el precio antes de que hubiera pasado por el trámite de toma de razón ante Contraloría.
«Hay un orden en que deben hacerse las cosas y no fue respetado, y hace que la actuación, desde el punto de vista administrativo, no tenga ninguna eficacia, sin perjuicio que desde el punto de vista civil sí se produce la transferencia del dominio», añade.
Y agrega que al momento de solicitar el visto bueno de Contraloría, se encontraron con que ya estaba todo concretado, el traspaso y el pago, “que sentido tenía que Contraloría venga a poner el sello de inmunidad legal, por así decirlo, cuando no hay nada que analizar”, comentó Bermúdez.
El diputado y presidente de la comisión, Daniel Núñez, propuso que la ex intendenta Lucía Pinto, junto con el ex administrador regional, José Cáceres, fueran los próximos convocados a la siguiente sesión, que se debería realizarse el próximo lunes 19 de abril a eso de 17:30 horas.
