Actuación del organismo finalmente recaerá en la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, jefatura regional del servicio, por encontrarse la causa, desformalizada aún, en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional.
En al menos dos oportunidades ha estado en tabla del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes del polémico caso bautizado como “Papaya Gate”.
Actualmente la causa se encuentra desformalizada en la ciudad de Valparaíso, a través de las diligencias que encabeza la Fiscal Regional, Claudia Perivancich. Ello, luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott la designara a la persecutora para indagar un eventual fraude al fisco por la compra que hizo el Gobierno Regional de Coquimbo –liderado ese entonces por la ex Intendenta Lucía Pinto– de una serie de lotes en el sector de San Ramón por $9.800 millones para un proyecto deportivo, pese a que la Contraloría General de la República fuera objetado y advirtiera que el trámite fue realizado sin la “Toma de Razón”.
Días después de conocido el caso, Pinto renunció al cargo, el 26 de septiembre del año pasado.
El 6 de octubre en 2020, sigilosas diligencias incautaron computadores y celulares de los funcionarios cercanos Pinto, así como también realizaron diversas entrevistas a trabajadores del Gobierno Regional. Lo último que se sabía del caso fue la audiencia donde el abogado de Pinto, Samuel Donoso, solicitara la carpeta investigativa a la Fiscalía de Valparaíso, solicitud que fue finalmente aceptada por el Juez de Garantía, Roberto Gahona.
Carlos Vega, abogado procurador fiscal de La Serena del CDE, ratifica que los antecedentes han estado en tabla en al menos dos oportunidades en el Comité Penal del organismo. “Como está a cargo de la Fiscalía de Valparaíso, la causa no la llevamos nosotros, sino que la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, y ellos actúan vinculadamente con el Ministerio Público en la recopilación de antecedentes y en las estrategias que imparte el Comité Penal del Consejo de Defensa de Estado, que obviamente está en conocimiento de la situación”, dice.
El CDE es un servicio público descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda y su función principal es la defensa judicial de los intereses del Estado.
“En la arista penal, según nuestra Ley Orgánica, nos corresponde (actuar) cuando hay delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de su desempeño o en el caso que hayan pérdidas, malversación o detrimento de fondos estatales, que son los casos en que al CDE le corresponde actuar penalmente, por lo que intervenimos en el proceso junto con el Ministerio Público, en donde nos toca querellarnos por los casos que señalaba, y si es el caso, formular acusación para ir a juicio”, sostiene.
Pese a ello, el abogado insiste en que más detalles del caso, que terminó con mando de Pinto en el Gobierno Regional de Coquimbo, no son de su conocimiento, pues los antecedentes recaen en su homólogo de la Quinta Región.
Fiscalía de Valparaíso
Semanario Tiempo consultó a la Fiscalía Regional de Valparaíso por los avances de la investigación en torno al caso Papaya Gate, sin embargo, desde esa entidad aludieron que la indagación sigue su curso con diligencias en desarrollo.
“El equipo investigativo está trabajando en diligencias pendientes y que, por ahora, no hay decisiones de formalización”, reiteraron.
Cabe recordar que dicha causa se encuentra en la Unidad Anticorrupción por la complejidad del caso.
